La comisión de Constitución del Congreso de la R...
Administración PPK en ofensiva contra la burocracia
El Perú es un caso único para las investigaciones sociológicas e históricas: es difícil entender cómo uno de los países que más TLC ha firmado en América Latina, ha terminado convirtiéndose en quizá “la república burocrática” de la región. Pese a nuestros mercados desregulados, bajos aranceles y libertad de precios, las sobrerregulaciones y el surgimiento de una asfixiante burocracia han logrado uno de los principales objetivos de los enemigos de la economía de mercado: paralizar inversiones públicas y privadas fundamentales, lentificar el crecimiento económico y reducir el ritmo de eliminación de pobreza.
Casi todos los rankings de los organismos especializados nos ubican en los últimos lugares en cuanto a sobrerregulaciones y debilidad institucional. ¿Alguien cree que las instituciones pueden sobrevivir en medio de la abrumadora tramitología? Por ejemplo, un estudio de la Contraloría General señala que en el país existen alrededor de 600,000 normas, que solo se podrían leer en 10 años. Además también existen leyes que no han sido reglamentadas en doce años.
Bueno, al César lo que es del César. Hoy es evidente que la administración PPK tiene clara las cosas en cuanto a la desregulación del Estado y la eliminación de una burocracia enemiga de los ciudadanos y de las empresas. Como parte de la delegación de facultades se han promulgado normas que previenen las barreras burocráticas, que reforman la ley del procedimiento administrativo y que derogan la ley del silencio administrativo, que facilitan el desarrollo de la actividad pesquera, que simplifica trámites para la actividad forestal y los procesos para otorgar licencias y las habilitaciones urbanas, entre otras de enorme trascendencia. Si el Ejecutivo sigue en este camino se convertirá en la administración que desmontó la república burocrática surgida en los últimos quince años en el Perú. Aplausos.
Sin embargo el gobierno debe entender que la lucha para eliminar a la burocracia enemiga del Perú —cuyas prácticas empiezan incluso a permear al sector privado— es un proceso largo y complejo que requiere una voluntad concentrada en la cabeza del Estado. Ante cada norma que desregula surgirá, casi como reacción física, otra que sobrerregula: es la manera natural de proteger los privilegios de una burocracia. En ese sentido, el Ejecutivo debería organizar un equipo permanente que monitoree todos los aportes y demandas ciudadanas que se tramitarán ante los diferentes portales que se acaban de crear para recoger reclamos. En otras palabras, se necesita de toda la voluntad estatal para aplastar a la burocracia enemiga del Perú.
Otro de los aspectos que se debería considerar es que detrás de la abrumadora sobrerregulación también está la intensa lucha ideológica que desarrolla la izquierda en contra del sector privado. La demonización de la empresa privada, en muchos casos, genera tal temor en la burocracia que el funcionario prefiere postergar la decisión correspondiente. Con esta estrategia, por ejemplo, el ecologismo radical ha logrado incrementar de 9 a casi 300 los trámites que se necesitan para desarrollar un proyecto minero. Una verdadera locura en un país que necesita, con desesperación, seguir reduciendo pobreza.
En otras palabras, para que la administración PKK logre derribar a la república burocrática se necesita promover la más amplia movilización ciudadana en contra de la burocracia enemiga del Perú, a través de denuncias y diversos tipos de audiencias públicas. Es decir, invertir la lógica de la reforma del Estado de arriba hacia abajo, por una de abajo hacia arriba. La participación de la sociedad es garantía de victoria. Y, de otro lado, se necesita desarrollar una intensa lucha ideológica: el Estado democrático existe porque facilita la vida de los ciudadanos y las empresas, que son los mejores aliados de la libertad y el crecimiento. Un Estado en contra de las empresas es un Estado sin sociedad abierta.
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