Desinstitucionalización y anticapitalismo

La desinstitucionalización del Perú hoy se ha convertido en una tendencia que atraviesa a todo el país en general. El actual Ejecutivo, por ejemplo, ha promulgado un decreto –reglamento de una ley– que viola el secreto bancario y la reserva tributaria consagrados en la Constitución. Por su lado, el Congreso aprueba leyes que representan iniciativas de gasto, contraviniendo la prohibición expresa que establece la Carta Política. Y minorías radicalizadas pretenden gobernar y legislar al margen de las instituciones republicanas elegidas en sufragio, tal como acaba de suceder con la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria que se mantuvo en vigencia dos décadas y a través de cuatro gobiernos constitucionales.

Es incuestionable que la desinstitucionalización empezó con la convocatoria a un referendo para reformar nuestra Carta Política de manera apresurada. Y sin lugar a dudas, se consolidó con el cierre del Congreso invocando la figura de “la denegación fáctica”, inexistente en nuestra Constitución. Hasta el Tribunal Constitucional avaló este despropósito constitucional, porque las instituciones empezaron a funcionar en base a los humores de mayorías y minorías circunstanciales.

En medio de esta desorganización de la República, agravada por la incapacidad del Estado en la contención de la pandemia y la recesión económica, las corrientes colectivistas y comunistas pretenden aprovechar la coyuntura para convocar a una asamblea constituyente que redacte un régimen económico anticapitalista. El objetivo de estos sectores no es un nuevo diseño constitucional o nuevas relaciones entre las instituciones republicanas sino, sobre todo, organizar una economía anticapitalista.

La obsesión de las corrientes comunistas en contra del sector privado y el capitalismo solo se explica por lo siguiente: si en el Perú continúa expandiéndose la inversión privada, el crecimiento y la reducción de pobreza –tal como sucedía hasta antes de la pandemia– las posibilidades de las propuestas colectivistas se reducen al mínimo. Si bien es cierto que en Chile se ha demostrado que el trabajo ideológico y cultural determina la economía, resulta incuestionable que la continuidad de la reducción de pobreza y la expansión del bienestar juega en contra de los movimientos comunistas.

El sueño comunista, entonces, es que la gravedad de una crisis económica se junte con la desinstitucionalización y la crisis política del país. De allí que, luego de que la mayoría de bancadas entregara el poder a las minorías colectivistas la conducción de la mesa directiva del Legislativo, se hayan aprobado leyes abiertamente en contra de la economía de mercado y las libertades económicas. Por ejemplo, la nueva ley agraria, que establece una remuneración especial en el agro –a diferencia de la economía en general– y que liquida las posibilidades de las pequeñas empresas agroexportadoras; y la ley que establece topes a las tasas de interés bancarias, dificultando la evaluación de riesgos en la concesión de créditos. Los afectados: los sectores más pobres y las pymes, que han sido excluidos del crédito formal.

Las corrientes comunistas, entonces, saben cuáles son sus principales objetivos. Utilizan cada espacio para seguir avanzando en sus propuestas estatistas al margen de sus posibilidades electorales. El poder colectivista se construye poco a poco. Además, entienden que en una sociedad con un sector privado débil o destruido es más fácil centralizar el poder político y económico.

Los sectores que no entienden esta dialéctica, paradójicamente, son los que luchan contra el autoritarismo y defienden el equilibrio de poderes. Muchos sectores republicanos creen que la defensa de las instituciones avanza por un lado, y la defensa de la economía de mercado y el sector privado debe ir por uno diferente. No entienden que cuando en el Estado se aplican políticas de destrucción del tejido empresarial, invocando criterios sociales y distributivos, en realidad se está centralizando el poder político y económico. Basta preguntarse si existe una sociedad libre en el planeta en la que el sector privado no sea mayoría abrumadora en la economía, y responderse que no hay una sola, para entender la enorme importancia del capitalismo en la construcción de la libertad.

Por todas estas consideraciones un objetivo fundamental de los sectores políticos y sociales que pretenden elecciones libres y transparentes, que buscan construir una sociedad abierta, debe ser defender el sector privado a cualquier costo. Las corrientes comunistas, conscientes de que no ganarán elecciones, harán todo lo contrario.