Desastre ecológico, responsabilidad de Repsol y campaña anticapitalista

No se exagera cuando se sostiene que la costa de Lima enfrenta uno de los peores desastres ecológicos de su historia: el derrame de 6,000 barriles de petróleo y la falta de previsiones para el siniestro han determinado que más de 18,000 kilómetros cuadrados se hayan convertido en agua negra, con diferentes niveles de densidad del petróleo derramado que amenaza la ecología del mar y afecta a los pescadores y pobladores.

Ante semejante acontecimiento el Estado debe aplicar las sanciones y multas más severas con respecto al siniestro, y también con respecto a la manera cómo se enfrentó la tragedia. Al respecto, el especialista César Gutiérrez ha sostenido que, en primer lugar, se debe establecer la responsabilidad del proveedor y del receptor de los 1,000 barriles derramados de acuerdo al contrato que rige la transacción. Las investigaciones correspondientes deben apuntar en ese sentido.

Sin embargo, es evidente que la empresa Repsol, que administra la refinería de La Pampilla, ha reaccionado de manera cuestionable frente al siniestro. En primer lugar, negó la magnitud del desastre y luego pretendió responsabilizar a la Marina, por no haber informado sobre el oleaje. Semejante sacada de cuerpo, como se dice, evitó que el Estado y las instituciones reaccionaran frente a la magnitud de la tragedia.

En segundo lugar, la empresa Repsol solo movilizó una pequeña cuadrilla de trabajadores, con tecnología primaria, mientras el derrame se extendía y desataba un desastre ecológico. En el Perú, por ejemplo, existen tres o cuatro empresas canadienses especializadas en enfrentar estos siniestros, sobre todo en la selva. ¿Por qué no se contrató a empresas especializadas?

A nuestro entender, los errores empresariales también son enemigos de la libertad y la economía de mercado. No solo porque enemistan a la mayoría de ciudadanos con la inversión privada, sino porque además echan combustible y leña a las campañas de las corrientes colectivistas, comunistas y progresistas que buscan acabar con la libertad económica y las libertades en general.

En el caso del desastre ecológico de Lima en vez de promover una investigación sobre los responsables directos e iniciar una discusión sobre cómo enfrentar la catástrofe, estas corrientes –sobre todo las progresistas– pretenden denunciar “un modelo que propicia estos desastres”. Entonces en vez de denunciar correctamente y buscar salidas, algunos señalan la disyuntiva “dinero no, mar sí”; otros sostienen que el Perú tiene una de las legislaciones ambientales más laxas y un Ministerio del Ambiente que necesita refuerzos y fortalecerse (léase más oenegés). Por su lado los project managers de las oenegés hallan en la tragedia del mar, de los pescadores y los habitantes de la costa, el espacio adecuado para desarrollar sus estrategias de posicionamiento.

Sin embargo, cabe solo una pregunta: ¿en qué modelo de sociedad se puede denunciar un accidente ecológico y exigir las reparaciones correspondientes con el medio ambiente y los ciudadanos? Únicamente en los sistemas capitalistas con sistemas republicanos. En Venezuela, por ejemplo, entre el 2010 y el 2018 se produjeron 46,820 derrames tóxicos que representaron más de 856,000 barriles vertidos y se calcula que más de 26,000 barriles afectaron más de 350 kilómetros de costa. ¿Algún progresista pudo denunciar y exigir reparaciones? Todos sabemos la respuesta.

El Perú tiene una de las legislaciones ambientales más severas del planeta y las empresas que invierten en recursos naturales en general guardan los más altos estándares ambientales. Semejante proceso que se ha perfeccionado a lo largo de tres décadas no puede ser cuestionado por la irresponsabilidad de una o más empresas. De ninguna manera.

A nuestro entender, mientras se profundiza en las investigaciones, el Ejecutivo, la Municipalidad de Lima, los alcaldes de los distritos afectados y la empresa Repsol deben conformar una mesa de emergencia para contener el desastre en lo inmediato, evitar su propagación y contemplar las reparaciones inmediatas.

De otro lado, el Congreso debería tramitar leyes de reparaciones civiles para los afectados frente a siniestros y desastres igualmente extraordinarios, tal como el que acaba de suceder en la costa de Lima.