Desastre ecológico: error empresarial y ausencia de Gobierno

A estas alturas es incuestionable que Lima enfrenta uno de sus peores desastres ambientales de la historia reciente. Se han derramado 6,000 barriles de petróleo, se ha desencadenado una tragedia de la flora y la fauna marina y los reportes indican que la marea negra –con diferentes densidades de petróleo– ya llega hasta la zona de Chancay, afectando a pescadores y pobladores del litoral.

Si bien estamos ante evidentes errores de la empresa Repsol, que administra la Refinería La Pampilla, igualmente el Gobierno y el Estado solo han demostrado indolencia y ausencia ante el problema. Es cierto que la empresa Repsol no reaccionó como se debía ante la urgencia, pero igualmente el Estado no hizo nada ante un evento extraordinario.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) debió y debe liderar una alianza público-privada para detener el avance de la tragedia ecológica y buscar las remediaciones urgentes, sobre todo para los pescadores y para salvar la flora y la fauna marina. La PCM es la encargada de centralizar a los ministerios, buscar la colaboración de Repsol y el aporte privado, y convocar empresas y estados extranjeros con experiencia en estos siniestros.

Mientras continúan las investigaciones para establecer las responsabilidades en el siniestro, el Gobierno debe evitar la ideologización del análisis y las acciones en contra de la tragedia ecológica, tal como empieza a suceder por parte de sectores colectivistas y progresistas. 

Algunos desubicados incluso empiezan a hablar de rescindir el contrato a la empresa al margen de la Constitución, la ley y el sentido común. Por ejemplo, La Pampilla abastece el 50% del combustible nacional. Una alteración mayor de las actividades en La Pampilla, simplemente, podría paralizar al país. ¿Alguien pretende algo parecido?

De otro lado, si hoy las oenegés de izquierda pueden denunciar un accidente ecológico y exigir las correspondientes reparaciones es porque en el Perú, pese a todas las tragedias acumuladas, mantiene un sistema republicano con economía capitalista. En Venezuela, en Bolivia o en los países de la ex Unión Soviética no es ni era posible denunciar un desastre ecológico: el Estado, dueño de las empresas estatales, suele estar controlado por una camarilla que gobierna en nombre del pueblo.

Asimismo, el desastre ecológico no debe hacernos olvidar que, desde tres décadas atrás, el país tiene una de las legislaciones ambientales más severas y exigentes del planeta. Igualmente, que la mayoría de las inversiones en recursos naturales son desarrolladas por empresas de talla mundial, que listan en las bolsas de valores más importantes del planeta y que, por lo tanto, están obligadas a cumplir los más altos estándares ambientales y laborales, a riesgo de perder el valor de sus acciones.

Luego del error de una empresa hoy lo que empieza a faltar frente al desastre ecológico es más Estado, más Gobierno, para desarrollar una estrategia de remediación que demandará varias semanas.