Derechos Sinfronteras contra minería en el sur

En el artículo Balance 2017: Poder Minero y represión estatal. Conflicto y criminalización en el corredor minero del sur peruano, publicado por la ONG DerechosSinfronteras.pe, se dice lo siguiente: “En el Perú, en los últimos años, se ha dado un viraje en la concentración de inversión, concesiones, explotación, conflictos y criminalización hacia el sur. Este viraje al sur, y en especial en el denominado ‘corredor minero’, ha constituido un campo económico donde domina el capital internacional legitimado y promovido por el Estado capitalista peruano…”. No es un artículo publicado por un partido comunista ni por una organización anticapitalista, sino por una ONG que reclama defender los derechos humanos sin fronteras. ¿Qué les parece?

En el artículo se señala que “el Estado y el Gobierno se mueven en dirección del capital minero, legitimando y empleando el aparato político, represivo y legal para defender sus intereses”. El discurso marxista en el texto es incuestionable. ¿Por qué extraña razón los intereses de la minería moderna tendrían que ser contrarios a los intereses de las poblaciones adyacentes a los proyectos mineros y a los del Estado que recauda impuestos? La idea de que el Estado criminaliza las protestas es una vieja estratagema antiminera que busca neutralizar a la Policía Nacional, a los fiscales y los jueces que, de acuerdo a la Constitución y las leyes, están obligados a restablecer el orden cuando los radicales bloquean carreteras, atacan instalaciones mineras y paralizan la producción.

Sin la violencia no se habría detenido la producción de más de un millón de toneladas de cobre en Cajamarca (luego de la adjudicación de Michiquillay todo el Perú debe permanecer alerta) ni los extremistas propondrían paralizar el Corredor Minero del Sur, en donde se produce alrededor del 50% del cobre peruano y se emplaza cerca del 60% de la cartera de proyectos mineros.

El mencionado artículo, de claro contenido anticapitalista, señala que “en el conflicto de Espinar (2012), Cotabambas (2015), y los conflictos en Chumbivilcas (2016) el Estado ha empleado la represión, la coerción y la denuncia de líderes, dirigentes y autoridades con la finalidad de desmovilizar, desestructurar y contener la protesta social”. Más claro no cantan los gallos. Asimismo en el señalado texto se dice que “se ha vuelto una práctica política recurrente la declaratoria de estados de emergencia por los gobiernos cada vez que se moviliza la población por la afectación de sus derechos en el corredor minero”.

El muñeco de la llamada criminalización de la protesta tiene un objetivo simple: carta libre al antiminero para ejercer violencia, bloquear carreteras y paralizar las minas. Si la democracia aplica la ley y los fiscales y jueces actúan, entonces se criminaliza la protesta. Semejante estrategia explica, por ejemplo, que no obstante que en el conflicto de Bagua se asesinó a doce policías, el Poder Judicial absolvió a todos los implicados en las investigaciones. Es la misma explicación de porqué —no obstante de que en conflicto de Conga hubo cinco muertos— hasta hoy no se conocen muchos avances en las investigaciones. Lo mismo está pasando en Tía María y en Espinar.

Pero eso no es todo con la bendita criminalización de la protesta. El gran problema es que cuando el Estado democrático se inhibe de aplicar la ley, generalmente en la calle quedan frente a frente la turba encabezada por el radicalismo y nuestra policía. Tal situación explica, por ejemplo, que en Bagua se haya asesinado a doce efectivos. Igualmente, durante conflicto en Tía María, cuando 200 policías restablecían el tránsito entre Mollendo y Matarani, cuatro efectivos fueron cercados por la turba. Dos efectivos quedaron gravemente heridos y uno de ellos con el cráneo abierto. Asimismo dos policías fueron asesinados por francotiradores en el desalojo del bosque de Pomac, en Lambayeque, y sesenta efectivos fueron secuestrados en el puente Montalvo. ¿Cuál protesta se criminaliza? ¿No se ha criminalizado más bien a la policía?

La estrategia de Derechos Sinfronteras.pe, entonces, parece defender a la estrategia antiminera que busca anular al Estado y legitimar la violencia contra la propiedad privada y estatal, e incluso el ataque a las fuerzas policiales, invocando una supuesta legítima defensa. Lo que sorprende de la mencionada ONG es que haya decidido publicitar abiertamente su inclinación marxista y anticapitalista.