Denuncian penalmente a Cáceres

Walter Aduviri, elegido gobernador de Puno para el periodo 2019-2021, está preso, sentenciado una vez más por el “aymarazo”, luego de que el Poder Judicial aceptara un proceso de casación y resolviera un nuevo juicio para el dirigente aymara. Aduviri fue sentenciado por liderar los actos vandálicos de mayo de 2011, organizados en contra del proyecto minero Santa Ana. Durante las manifestaciones, coordinadas por el dirigente antiminero, los revoltosos incendiaron locales públicos y privados en la ciudad de Puno. El resultado de la violencia fue la cancelación del proyecto de plata. 

Lo mismo le podría suceder a Elmer Cáceres, gobernador de Arequipa: terminar preso. Cáceres ha sido denunciado por resistencia a la autoridad en agravio del Estado, por la paralización del proyecto minero Tía María. Para la denuncia, el ciudadano Marcial Carlos Talavera ha presentado más de 50 declaraciones públicas del gobernador Cáceres en contra de la estabilidad y paz de los arequipeños. Además, el colectivo “Arequipeños por Arequipa”, ha planteado una denuncia contra Cáceres por incumplimiento de funciones y fomento de la violencia. Para el representante del colectivo, Carlos Rodríguez Martínez, Cáceres es el promotor de la violencia en Arequipa, que causa graves daños a la economía de la región. “En lugar de promover la inversión pública y privada, busca la paralización de la economía”, sostiene Rodríguez. Por las denuncias, Cáceres podría ir preso hasta 15 años si es hallado culpable de los delitos que se le imputan. 

Cáceres además ha sido denunciado penalmente por abuso de autoridad por la minera Southern. El gobernador ha cancelado arbitrariamente el derecho de servidumbre de 49.53 hectáreas en Las Pampas de Cachendo, ubicadas en los distritos de Cocachacra y Mejía, en la provincia de Islay. La cancelación de la servidumbre afecta al Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aprobado el 1º de agosto de 2014, por el ministerio de Energía y Minas (Resolución Nº 392-2014-MEM/DGAAM) y la licencia de construcción de la mina, concedida el 8 de julio pasado. Una licencia que, de manera insólita, fue suspendida treinta días después por las mismas autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM). La estrategia de Cáceres es clara: retirando los derechos de servidumbre se obstaculiza el proyecto Tía María.

Cáceres y otras autoridades de la región se reunieron con el presidente Martín Vizcarra para boicotear el proyecto Tía María el 24 de julio pasado en Arequipa, antes de la suspensión de la licencia de construcción. Una de las autoridades grabó al jefe de Estado y publicó el audio. “Para que finalmente… se revierta y finalmente se caiga (la licencia)”, se oye decir a Vizcarra. Esas autoridades han organizado grupos de encapuchados para hostilizar a los pobladores y obligarlos a continuar con el paro indefinido. 

Un grupo reducido de vándalos encapuchados atacó con piedras a escolares y profesores que habían reiniciado las clases en la provincia de Islay. Ante esta situación, los padres de familia se organizaron para defender el derecho de estudiar de sus hijos, enfrentándose en la vía pública con los encapuchados. El 14 de julio pasado las clases fueron suspendidas, perjudicando a más de 11,500 escolares. El plan era mantener en las calles a profesores y alumnos, como parte de los vándalos que amenazan a la población. Dos semanas atrás, los colegios han comenzado a restablecer las clases paulatinamente. 

En octubre del año pasado, un laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) obligó a Perú a pagar S/ 108.39 millones a la empresa Bear Creek Corporation, concesionaria de la mina Santa Ana, afectada por el aymarazo. Si el Gobierno de Vizcarra finalmente decide anular la licencia de construcción del proyecto Tía María —suspendido hasta antes de fin de año— la minera Southern podría reclamar a Perú en el CIADI la devolución de sus inversiones. Según el Ministerio de Energía Minas (MEM), la minera ha invertido en el proyecto US$ 500 millones. Este monto, y más, sería pagado por todos los peruanos por la obstinación ideológica y antiperuana de Cáceres y los antimineros.