Demonización empresarial a la vista

Crisis política afecta a imagen empresarial

En la última encuesta nacional de Proética sobre la corrupción, se plantea la siguiente interrogante: si en el Perú solo existieran cien empresarios, ¿cuántos considera que serían corruptos? El resultado es estremecedor: 71 empresarios serían considerados corruptos.

¿Por qué un país en el que existen tres jefes de Estado procesados por la justicia —uno sentenciado y dos con orden de detención— y en el que gran parte de la clase política aparece comprometida con el caso Lava Jato, la idea del empresario ha llegado a tanto deterioro? La respuesta es evidente: los despropósitos y la corrupción de las empresas brasileñas simplemente han creado la idea de que todo lo oficial, todo el Perú formal está comprometido.

Sin embargo, considerar que a partir del caso Lava Jato el empresariado nacional es corrupto (en su gran mayoría) significa renunciar a la buena sociología o la politología apropiada, y rendirse a las silenciosas estrategias de la izquierda que, en los últimos años, ha pretendido ningunear el crecimiento económico y el papel del nuevo empresariado que ha surgido bajo la sombra de las reformas económicas y sociales de los noventa.

No se puede negar que allí donde el Estado participa con sobrerregulaciones y discrecionalidad de la burocracia y los políticos, la corrupción sigue vivita y coleando. En todo caso, el affaire Lava Jato en el Perú es una instantánea indiscutible de esta tesis. Sin embargo la mayoría de la inversión privada —que hoy representa el 80% del total invertido en el país, que emplea al 80% de la fuerza laboral y que contribuye en más del 80% de los ingresos fiscales— tiene poco que ver con el Estado. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que las reformas de los noventa desregularon importantes áreas de la economía, como minería, energía, petróleo, recursos naturales, comercio en general y servicios. Allí donde el asfixiante procedimiento y la discrecionalidad de la burocracia son menores, incuestionablemente hay menos corrupción.

Sin embargo la izquierda y sus campañas de propaganda han pretendido señalar a la opinión pública que el empresariado es intrínsecamente corrupto. Por ejemplo, la terrible estrategia de demonización en contra del producto Pura Vida pretendía atribuir el yerro de una etiqueta a una empresa privada, cuando esta había sido aprobada y sancionada por el Estado. La voluntad de la izquierda de apoderarse de las banderas de la defensa del consumidor para plantear “una sociedad de consumidores sin empresas privadas” y la estrategia de demonizar las inversiones en minería y recursos naturales forman parte de esta cruzada antiempresarial.

Al respecto, en este portal sostenemos lo siguiente: considerando que en los últimos quince años de democracia han fracasado los partidos políticos, las élites intelectuales, la organización estatal en general, ¿cómo entender la continuidad de la democracia que avanza hacia su quinta elección nacional sin interrupciones? A nuestro entender es incuestionable que el modelo económico y social, que ha reducido pobreza del 60% de la población a solo el 20% y que ha ensanchado a las clases medias, es la principal explicación de la persistencia democrática del país.

El modelo económico y social —que avanza en medio del fracaso general del Estado—, sin embargo, tiene a uno de sus principales protagonistas en el empresariado, surgido a la sombra de las reformas económicas y sociales de los noventa, en abierta competencia con los mercados mundiales y alejado de las prácticas mercantilistas. Pero cuando se habla de empresariado en el Perú también hay que referirse a los millones de emprendedores informales que no pueden acceder a la legalidad por los enormes costos que tiene beneficiarse de la ley en el Perú. Si las cosas son así, entonces la gran novedad económica y social del último cuarto de siglo es el nuevo empresariado nacional.