¡Del rechazo al adelanto a una nueva ola de reformas!

En los próximos días el Congreso de la República enfrentará la disyuntiva de reconciliarse o no con la mayoría del país, luego de los errores fujimoristas que terminaron en la renuncia de PPK. Y siguiendo las mejores tradiciones políticas clásicas, debería actuar con razón, con ventaja y sin sobrepasarse.

Es evidente que una tarea irrenunciable será detener en seco el proyecto de asaltar plebiscitariamente las instituciones republicanas, que impulsan el presidente Vizcarra, los sectores comunistas, caviares y colectivistas y, en general, todos aquellos grupos que han alentado esta envilecedora y brutal polarización de la política que ha posibilitado el encarcelamiento de la oposición e, incluso, su eliminación física. La única manera de hacerlo es rechazando frontalmente la propuesta de adelantar las elecciones que ha enviado el Ejecutivo. 

Los argumentos constitucionales para una negativa frontal al adelanto más que sobran. Y quizá el más contundente es el siguiente: si el presidente Vizcarra puede plantear la cuestión de confianza, ante el rechazo del adelanto general de elecciones, y proceder a disolver el Congreso, entonces podría hacer lo mismo para perpetuarse en el poder, si los números de las encuestas y las portadas y reportajes de los medios favorecen esta propuesta. En otras palabras, nuestra Carta Política contemplaría la posibilidad de que, en base a sus propias reglas, surgiera un Hitler o un Hugo Chávez. Simplemente imposible. El rechazo a esta iniciativa, pues, se cae de maduro.

Sin embargo, si el Congreso solo se limita a rechazar la propuesta del adelanto general y a acentuar el perfil opositor ante la administración Vizcarra, de una u otra manera, estaría repitiendo el error fujimorista. En otras palabras, ante el país aparecería una convergencia legislativa mayoritaria que solo pretende pelear el poder que reclaman Vizcarra, comunistas, caviares y una amplia coalición de medios y oenegés. Semejante escenario significaría un grave yerro para el futuro de la República.

De allí que el Legislativo deba impulsar un paquete de reformas que cambien el escenario de la política. Y esas reformas —hoy por hoy— solo tienen que ver con las reformas que signifiquen el relanzamiento del modelo económico que ha permitido triplicar el PBI, reducir la pobreza (del 60% de la población a solo 20%) y configurar una sociedad de clases medias. El 2019 creceremos menos de 2.5% y casi no reduciremos pobreza. La situación es extrema.

Por ejemplo, en el Congreso ya existe el consenso de ampliar la vigencia de la Ley de Promoción Agraria (Ley Nº 27360) hasta el 2024 con el objeto de que el boom agroexportador no se detenga. Las inversiones agrarias requieren madurar en el mediano y largo plazo, de lo contrario emigran a otros países de Sudamérica con mejor normatividad. Una decisión sobre esta norma podría ser el punto de partida para debatir la reforma laboral, una de las decisiones más trascendentales para relanzar el crecimiento porque la rigidez del Perú es una de las principales causas de informalidad y falta de productividad y competitividad de la economía.

Sobre este escenario el Legislativo podría empezar a implementar legislativamente el interesante plan de competitividad y de infraestructuras que acaba de presentar el Ejecutivo, ensombrecido por la errática terquedad del propio Gobierno alrededor de la propuesta de adelantar las elecciones generales. A nuestro entender, son este tipo de reformas las que pueden generar consensos y espacios constructivos e, incluso, diferencias y debates enriquecedores. Por ejemplo, si el Ejecutivo no quiere ampliar la vigencia de la Ley de Promoción Agraria debería decirlo. Allí existiría una diferencia que fortalecería las instituciones.

Avanzar por el lado de las reformas políticas y judiciales es seguir sumergidos en la estrategia comunista y caviar, que pretende utilizar el terrible momento que atraviesa la República para controlar instituciones y mangonear sin rubores en las próximas elecciones nacionales. Es creer que en el Perú existe un momento constituyente porque hay una mayoría que avanza sobre una minoría, a imagen y semejanza de todos los proyectos autoritarios que han existido en la historia universal.

De otro lado, el Congreso debe evitar el error al que empujan los extremos. El exceso en la fiscalización y en el perfil opositor, simplemente, son conductas funcionales a la estrategia comunista y caviar que pretende cargarse las instituciones republicanas. Una vez más vale repetirlo: con razón, con ventaja y sin sobrepasarse.