¡Del pliego sindical a la estrategia preinsurrecional!

Sindicatos radicales se niegan a levantar la huelga

Después de la negativa del Comité Nacional de Reconstrucción (Conare-SUTEP) a firmar el acta que se había negociado con el Ministerio de Educación (Minedu), con la intermediación de un grupo de congresistas liderado por Jorge Del Castillo, para todo el Perú fue evidente que detrás de la plataforma sindical de este sector del magisterio había una estrategia política. De los nueve puntos de la señalada acta los dirigentes sindicales se opusieron al último: pretendían la estabilidad laboral absoluta de los docentes, al margen su fracaso en una tercera evaluación de desempeño docente. ¡Imposible aceptar algo así! ¡La mayoría de peruanos y los padres de familia se opondrían con firmeza!

Ante esta situación es hora de preguntarse, ¿qué estrategia política podría existir detrás de las dirigencias sindicales vinculadas al Movadef, a Puka Llacta y al MAS de Gregorio Santos; es decir, de todo el espectro radical antisistema? Antes una digresión: aquí coincidimos con el sociólogo de izquierda que suele sostener que hay demandas justas en la huelga sindical y que los maestros no son terroristas. ¡Claro que sí! Pero a estas alturas es evidente que las dirigencias radicales están llevando las banderas sindicales al límite, no solo para derribar la Ley de Carrera Pública Magisterial y la Evaluación de Desempeño Docente, sino también para desencadenar una situación de ingobernabilidad que termine afectando los cronogramas constitucionales de la democracia.

¿Alarmismo innecesario? Veamos. Las dirigencias radicales han ganado interlocución por el yerro monumental del presidente Kuczynski cuando los recibió en Palacio de Gobierno. Semejante situación ha pulverizado la autoridad de los ministros, sobre todo la de la ministra de Educación, Marilú Martens. Ante esta situación, los congresistas liderados por Del Castillo, en un hecho loable que revela la magnitud de la crisis del Ejecutivo, asumieron el papel de intermediarios entre el Minedu y las dirigencias radicales. Sin embargo los extremistas volvieron a patear el tablero.

En otras palabras, las dirigencias radicales han logrado desautorizar al Ejecutivo y al Legislativo de un solo envión táctico. Si los dos poderes del Estado investidos de soberanía comienzan a ser cuestionados, entonces, el poder político empieza a trasladarse a la calle, a la revuelta y al bloqueo de la carretera. Al respecto, ha trascendido que el radicalismo magisterial en su estrategia de seguir acumulando fuerzas apuntaría a buscar otra instancia de intermediación: la Iglesia. La institucionalidad católica cometería un gravísimo error si acepta formar parte del juego de este radicalismo que ya nada tiene que ver con un pliego sindical. Gravísimo.

Pero eso no es todo. Demostrando que en el Movadef, en PuKa Llacta y el MAS de Gregorio Santos existe mucho más política que en el oficialismo y en la oposición, se conoce que alrededor de 2,500 ronderos se estarían trasladando a la capital y que miles de maestros del sur también estarían viajando a Lima. ¿Cuál es el objetivo? En una guerra de movimientos, que combina con extraordinaria habilidad la guerra de posiciones, las dirigencias radicales han decidido convertir a Lima en el campo de batalla. El objetivo es paralizar la capital, tal como lo hicieron con las minas del sur y la industria turística de esa región.

¿Cómo se llama a esta estrategia? Quienes alguna vez han leído textos marxistas saben que se trata del ensayo de una estrategia preinsurrecional, que no apunta a la toma del poder sino a desatar una crisis de gobernabilidad de tal envergadura que todas las instituciones tutelares de la democracia —llámese Ejecutivo, Congreso, Policía, Fiscalía y Poder Judicial— queden desacreditadas ante la ciudadanía o, simplemente, permanezcan pintadas en la pared.

Es importante también señalar que el radicalismo —seguramente repasando los manuales escritos en las asonadas en Ecuador y Bolivia— busca una cuota de sangre. Es decir, en la última fase de lucha que se avecina llevarán la provocación en las calles limeñas a tal nivel que un disparo errático les permita gritar que se viene la criminalización de la protesta.

¿Qué hacer? Solo hay un camino para detener la estrategia preinsurrecional: que el Ejecutivo, el Congreso, los gobiernos regionales, la Fiscalía y el Poder Judicial se conviertan en un solo puño que restablezca el principio de autoridad del Estado.

Al término de la distancia, tal como se suele decir, el Estado debería proceder a descontar los salarios de los maestros que no asisten a clases y a despedir a quienes corresponda. Si algunos gobiernos regionales no proceden a los descuentos, el Ejecutivo —con el pleno apoyo del Congreso— debería intervenir a estas entidades subnacionales. Y la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial deberían proceder a detener y a procesar a todos los dirigentes que se resisten a la autoridad y que atentan contra la propiedad privada y pública, el libre tránsito y promueven la violencia en general. Solo cuando el Estado haya restablecido una de las razones de su existencia —es decir, el principio de autoridad— todas las negociaciones y diálogos prosperarán.