Editorial Política

Del Estado empresario al Estado protector

La izquierda y la “defensa de los consumidores”

Del Estado empresario al Estado protector
  • 20 de junio del 2017

La izquierda y la “defensa de los consumidores”

Hoy en el Perú muy pocos se alarman de que el Estado se haya embarcado en la modernización de la Refinería de Talara, una obra faraónica que, según todos los economistas, no tiene rentabilidad alguna. El proyecto ya cuesta US$ 5,400 millones y el Estado acaba de desarrollar la mayor emisión de bonos de su historia en el mercado internacional para financiar este elefante blanco: US$ 2,000 millones en bonos con la respectiva garantía del Estado.

Petroperú y la modernización de Talara son la rúbrica del Estado empresario que fracasó en el Perú y que hoy destruye el futuro de Venezuela. Pero las involuciones en el Perú no solo tienen que ver con el Estado empresario, sino también con el Estado que pretende erigirse en protector de los consumidores. En un acto de populismo sin precedentes, las autoridades y el sistema político retiraron el registro industrial de Pura Vida, otorgado de acuerdo a la ley y regulaciones peruanas. Si existían errores entonces que había que establecer multas —de acuerdo a nuestra legislación— y ordenar el cambio de la etiqueta. Pero las autoridades optaron por surfear en la ola populista y demagógica.

Pero el asunto no quedó allí. El mercantilismo se reactivó en el Congreso y se acordó prohibir la importación de leche en polvo para elaborar productos lácteos. No obstante que en la última década la producción de leche se había duplicado en el Perú con el libre mercado, y no obstante que el litro de leche en el país se paga por encima del promedio sudamericano, la presión mercantilista buscó favorecer a un grupo de ganaderos en contra de millones de consumidores.

Hoy los sectores de menos recursos no podrán comprar Pura Vida —un producto con nutrientes importantes— porque los S/ 2.40 no les alcanzará para comprar leche en tarro o un litro de leche fresca en el mercado. Bueno, pues, ahora tomarán infusiones. La leche y los lácteos subirán hasta que ingresen los tarros de Holanda, Estados y Nueva Zelanda. ¿Qué hará el Congreso? ¿Prohibir la libre importación de tarros de leche y hacer trizas la Constitución y los tratados de libre comercio para favorecer a un puñado de ganaderos? Todo suena a locura.

Esta historia de “un Estado que protege a los consumidores porque los burócratas saben lo que necesitan los ciudadanos” comenzó con la reforma universitaria de Jaime Saavedra, que convirtió a la Superintendencia de Educación Superior Universitaria (Sunedu) en el guachimán de lo académico, lo científico y cultural. En vez de empoderar a los consumidores con información y crear un sistema de acreditación de la calidad independiente, a semejanza de las sociedades abiertas, se otorgó todo el poder al funcionario.

En el Congreso, el Frente Amplio y los parlamentarios de Acción Popular empiezan a competir por el liderazgo sobre qué sector se derriba con más rapidez el Sistema Privado de Pensiones, porque “el Estado debe ser el protector de los jubilados”. Las propuestas para que los aportantes puedan retirar dinero de las cuentas individuales se multiplican a diestra y siniestra. Las iniciativas para golpear a las empresas abusivas en teléfonos, electricidad y otros servicios proliferan. Incluso se pretende derribar la ley de promoción agraria, que ha formalizado el empleo en el campo y ha contribuido a crear una clase media agraria.

Detrás de la idea de un Estado protector está otra ofensiva más de la izquierda que pretende apropiarse de las banderas del consumidor, tal como lo hace en los asuntos ambientales, los temas de género y los de derechos humanos.

La izquierda pretende vendernos la idea de que la defensa del consumidor pasa por enfrentar a las empresas capitalistas, como si una sociedad de consumidores pudiera existir al margen del capitalismo y al margen de la competencia en el mercado. La idea de un consumidor sin empresa privada es un tremendo oxímoron, porque si no hubiese empresa capitalista, entonces, solo el Estado sería el proveedor de productos y servicios. Y cuando eso pasa no hay consumidores, sino esclavos que se arranchan la leche y los huevos. De lo contrario, miren Venezuela.

  • 20 de junio del 2017

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