Del caos y la anarquía al 5 de abril de 2022

El Gobierno de Pedro Castillo, que desde el inicio de su gestión alentó el quiebre de la autoridad democrática del Estado y el empoderamiento de las minorías radicales, arrinconado por el desborde social del país, decretó la inmovilización social y el toque de queda en Lima y Callao hoy 5 de abril. El Ejecutivo pretende detener el caos y la anarquía que empezó a construir desde el primer día de gestión.

Asimismo, resulta una verdadera paradoja que el Gobierno de Pedro Castillo –aupado en el poder por todos los sectores progresistas, comunistas y colectivistas que desarrollaron todos los relatos antifujimoristas– se decida por suspender las garantías constitucionales el mismo día del golpe del 5 de abril de 1992.

La destrucción de la autoridad democrática del Estado, a nuestro entender, empezó con el anuncio de la asamblea constituyente y las propuestas de nacionalizar el gas y los recursos naturales. ¿Cómo puede existir autoridad democrática si el jefe de Estado relativiza la Constitución con la que llegó al poder? ¿Cómo puede haber autoridad democrática si el Ejecutivo promueve la violación de los contratos y las leyes con los anuncios de la nacionalización del gas y los recursos naturales? 

Pedro Castillo y Perú Libre, entonces, son los principales promotores del caos y la anarquía que se desata en el país. Sin embargo, estos anuncios no solo comenzaron a destruir la autoridad del sistema republicano, sino que paralizaron tres décadas de crecimiento y de proceso de reducción de pobreza. El crecimiento de este año será menos del 3%, y con semejante cifra es imposible reducir la pobreza en el país. Y todos estos magros resultados suceden no obstante que los precios de los minerales alcanzan niveles históricos y que el Perú podría crecer por encima del 6% y reducir varios puntos porcentuales de pobreza. El ingreso promedio de los peruanos apenas supera los S/ 1,400 no obstante que estaba por encima de los S/ 1,600 en el 2019, antes de la pandemia.

En este contexto, la guerra en Ucrania dispara el precio del petróleo y otros commodities y la canasta básica vuela por las nubes. Con menos inversión privada, con menos crecimiento, con menos empleo, el incremento de los productos de primera necesidad golpea a los más pobres y los pequeños negocios avanzan hacia la quiebra. El Ejecutivo juega a los fuegos de artificio y la desesperación: aumenta el sueldo mínimo vital, pero todos saben que es una luz engañosa en la noche, porque beneficia a un puñado de trabajadores formales que incluso perderán beneficios por el delirio colectivista de aumentar sueldos al margen de la productividad de las empresas. La gente ya no cree y la sociedad explota, se desborda.

Y, de pronto, el Gobierno que pretendía crear el caos y la anarquía en el corredor minero del sur –donde se ubican las empresas que producen más del 50% del cobre nacional– con objeto de empoderar a las minorías radicales antimineras y convertir a las zonas mineras en polvorines sociales para promover la estatización de las minas, decide suspender las garantías constitucionales y aplicar el toque de queda en Lima y Callao.

El Ejecutivo comienza a escenificar una tragicomedia que ha construido a voluntad y, como se dice, con mano propia. El sentido de comedia y tragedia nace de la paradoja con respecto a que el gesto autoritario del toque de queda y la inmovilización social se produce el mismo día en que Alberto Fujimori perpetró el autogolpe y desencadenó la polaridad fujimorismo versus antifujimorismo que ha durado más de dos décadas, y que ha terminado destruyendo el sistema republicano.

En cualquier caso, la lección es inapelable: no hay relato ni estrategia cubana válida frente a la tragedia de detener tres décadas de crecimiento ininterrumpido y de proceso de reducción de pobreza. Nadie se salva de ese yerro sideral.