¿Defenderá Sagasti la Constitución ante intento insurreccional de Perú Libre?

Después de tres semanas de campaña electoral para la segunda vuelta, de la movilización de las clases medias en contra de la amenaza comunista y de la audacia de Keiko Fujimori de debatir y ganar en Chota y presentar un programa para los sectores D y E, la ventaja de 20 puntos en intención de voto con que empezó Pedro Castillo se ha reducido considerablemente y algunas encuestas señalan un virtual empate técnico. Ante esta situación los estrategas cubanos, venezolanos y argentinos detrás de la campaña de Castillo, comienzan a levantar el estribillo de “fraude electoral”.

A cuatro semanas de las elecciones, hablar de fraude electoral solo desnuda la estrategia insurreccional de las diferentes corrientes comunistas detrás de la candidatura de Castillo. Una estrategia insurreccional plenamente coherente con la estrategia leninistas de participar “electoralmente dentro del estado burgués para dinamitarlo por dentro”, mientras se construye el poder alternativo (léase soviets) al sistema republicano. Perú Libre y la amplia coalición comunista, incuestionablemente, enrumban por este camino.

Pero no solo se trata de discursos. En medio del acto más sagrado de cualquier sistema republicano –es decir, las elecciones generales para el cambio constitucional del gobierno– el VI Encuentro Macrorregional del Sur, en el que participaron dirigentes sociales, oenegés y movimientos antimineros de la izquierda extremista, acaba de convocar a una huelga general antes de la segunda vuelta electoral. De otro lado, los colectivos mesocráticos comunistas y de izquierda, liderados por los movimientos “No a Keiko”, acaban de convocar una marcha para este 15 de mayo. ¿Hacia adónde apuntan estas llamadas iniciativas de masas y de acción directa?

Es incuestionable que los estrategas comunistas detrás de la candidatura de Castillo ya advirtieron que es extremadamente complicado ganar una elección en una sociedad de mayoría de clases medias emergentes y antiestatales. Ante esta situación, pretenden relativizar una virtual derrota en las urnas desencadenando una convulsión social –a semejanza de Colombia y Chile– con el objeto de deslegitimar el proceso electoral y al nuevo jefe de Estado que emerja de las elecciones; y en ese camino, forzar la convocatoria de una asamblea constituyente.

Ante esta situación emerge una pregunta ineludible, ¿cuál va a ser la conducta de la administración Sagasti frente a la evidente estrategia insurreccional? La pregunta es más que pertinente. Primero, porque la propia Presidencia del señor Sagasti es la expresión de “un golpe de masas”. El actual jefe de Estado fue elegido en el cargo no obstante representar a la minoría de las minorías en el Legislativo, porque las masas amenazaban con incendiarlo todo. Segundo, porque apenas en el Ejecutivo, el gobierno de Sagasti descabezó a la Policía Nacional del Perú (PNP), asumió el discurso de la izquierda que demonizaba a la entidad policial. Tercero, la administración Sagasti en coordinación con la mesa directiva del Congreso, de una u otra manera, promovieron la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria porque cerca de 3,000 personas bloquearon la Panamericana Sur y la Carretera Central. En otras palabras, otro golpe de masas ponía de rodillas a los poderes soberanos.

El gobierno del señor Sagasti entonces está en la ineludible obligación de pronunciarse sobre la estrategia insurreccional de Perú Libre, sobre todo luego del desborde social y la violencia desatada en Colombia y en Chile en base a la estrategia de la llamada “revolución molecular disipada”. Finalmente, la administración Sagasti fue designada en el Congreso con un claro mandato: garantizar el normal desarrollo de las elecciones generales dentro del marco de la Constitución de 1993.

Asimismo, las diferentes bancadas del actual Congreso tienen la ineludible responsabilidad de pronunciarse frente a la evidente estrategia de desatar el caos social para deslegitimar el proceso electoral en curso. La palabra “fraude” y los acuerdos de huelgas generales en medio de las elecciones revelan la naturaleza de la estrategia antidemocrática.