¡Defender la libertad pasa por defender las instituciones y el sector privado!

La designación del Gabinete Bellido no solo tiene el objetivo de adelantar la colisión institucional del Ejecutivo con todo el sistema republicano, sino que también busca paralizar y liquidar la economía de mercado. Es decir, busca que el Congreso le niegue la confianza al Gabinete Bellido para acelerar la disyuntiva de vacancia presidencial o cierre del Congreso, y también busca paralizar la economía, evitar que los flujos de inversión continúen, de manera que aumente la pobreza y la desesperación de la población.

En una reciente entrevista en este portal, el economista Elmer Cuba ha sostenido que luego del mensaje presidencial de Fiestas Patrias, en que se anunció la convocatoria de una asamblea constituyente, y después de la designación del Gabinete Bellido, el Perú ingresará a una etapa de crecimiento vegetativo. Es decir, que no se conocerán nuevas inversiones. Si bien el rebote de la economía en el 2021 que se pronosticaba por encima de 9% del PBI perderá algunos puntos, si continúan los efectos destructivos de la administración Castillo, en el 2022 el Perú empezará su pesadilla económica.

Cifras más, cifras menos, es incuestionable que aumentará la pobreza y el descontento social y, en ese contexto, la vieja narrativa del “modelo neoliberal que excluye a los pobres” se combinará con otro relato acerca de la conspiración y el sabotaje de las empresas contra el cambio revolucionario. La subida de los precios y las nuevas escaseces que se avecinarán se endilgarán a “los empresarios explotadores, que no pagan impuestos”, tal como sucedió en la experiencia chavista en Venezuela.

En este contexto, no solo es urgente defender a las instituciones (Congreso, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, Defensoría del Pueblo) sino que es igualmente de urgente defender la red institucional que sostiene la economía de mercado: Por ejemplo, el Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca y Seguros. En ese sentido, la permanencia de Julio Velarde al frente del BCR debe ser exigida por las movilizaciones ciudadanas y respaldada por el Congreso y las instituciones. La misma conducta debe adoptarse con respecto a los organismos reguladores: Ositran, Sunass, Osinergmin, Indecopi, entre otros.

Si bien es cierto que no existirán nuevas inversiones con una administración con un claro proyecto bolivariano, defender el sistema republicano también implica defender cada una de las inversiones existentes en minería, en agroindustria, turismo, construcción, comercio, entre otros sectores.

Mantener el tejido empresarial y la continuidad de los mercados formales e informales es fundamental para evitar que el proyecto colectivista deteriore la economía con extrema rapidez y se dispare el descontento social y la pobreza. Una situación de ese tipo favorecería el desarrollo del relato comunista acerca de “la explotación del modelo neoliberal y la conspiración y el sabotaje empresarial”.

Si la economía se deteriora con rapidez el proyecto colectivista presentará la alternativa de las estatizaciones como la gran panacea para evitar el aumento de la pobreza. Con golpes efectistas podrían probar con algunas colectivizaciones en minería para medir el pulso nacional y avanzar en sus objetivos de mediano y largo plazo. De otro lado, el aumento de la pobreza convertirá a mayores segmentos de la población en más proclives a la dádiva estatal, a los llamados bonos de la nueva administración Castillo.

El socialismo, el colectivismo y el comunismo son verdaderas fábricas de pobreza que liquidan la autoestima de los ciudadanos. Uno de los objetivos, entonces, del proyecto colectivista en el Perú es liquidar a las clases medias, que se han convertido en verdaderos motores de la movilización ciudadana en defensa de las libertades.

Por todas estas consideraciones, no se defiende la Constitución y la libertad sin defender el sector privado, el tejido empresarial y los mercados formales e informales.