De la confianza a la amenaza comunista

Si bien es cierto que el Ejecutivo ha logrado la confianza y que el Congreso no enfrentará una eventual disolución, la experiencia republicana está herida de gravedad, y la economía y la sociedad simplemente están paralizadas. En los mercados populares del Perú y en la economía formal, las inversiones se paralizan, las transacciones se evitan y los contratos se postergan por la guerrita que el presidente Vizcarra y el Gabinete del Solar desarrollan en contra del Congreso.

El bloqueo del sistema político, que desalienta inversiones y que anula reformas para relanzar el crecimiento y la reducción de pobreza (solo se promueven las reformas que alientan guerras y polarización), no solo presenta a nuestra clase política como incapaz, sino que fomenta la aparición de los proyectos anticapitalistas de naturaleza comunista, colectivista y nacionalista.

Los congresistas del Frente Amplio y Nuevo Perú, hoy convertidos en media stars de la democracia —debido a la irresponsabilidad de algunos sectores de los medios tradicionales— en esta ocasión se quitaron los disfraces y las pieles de cordero, y salieron a agitar abiertamente sus programas colectivistas. Los parlamentarios de ambos grupos, junto a la indescifrable bancada liberal que lidera Gino Costa, promovieron abiertamente el cierre del Congreso. No obstante apoyar la cuestión de confianza del Ejecutivo, anunciaron que iban a votar en contra de ella porque buscaban el cierre del Legislativo.

Los parlamentarios comunistas explicaron el objetivo del cierre con todas sus letras: la clausura del Congreso era necesaria porque hay que convocar a una asamblea constituyente que modifique el modelo económico consagrado en la Constitución. Algunos congresistas colectivistas, incluso, precisaban que la corrupción que golpeaba al país solo se explicaba por la Carta de 1993. De pronto, la Constitución que ha posibilitado cuatro elecciones sucesivas sin interrupciones, reducir la pobreza del 60% a solo 20%, triplicar el PBI y expandir las clases medias como nunca antes, era la responsable de todos los males nacionales.

El argumento comunista no resiste el menor análisis: cambiar el modelo económico solo nos llevaría al Estado empresario, al ordenamiento constitucional que admite la regulación de mercados y precios y que fomenta el proteccionismo comercial. Ese modelo ya devastó el Perú entre fines de los setenta y los noventa, hundiendo al país en la hiperinflación, la pobreza de más del 60% de la población y todas las plagas económicas y sociales que hoy contemplamos en Venezuela. Es difícil, pues, sostener racionalmente el cambio de modelo económico.

El argumento de que la Carta Política promueve el sistema de corrupción es igualmente deleznable. Un ejemplo para ilustrar el tema: Al Capone y la corrupción criminal de los procuradores, jueces y periodistas en Chicago se produjeron con la actual Constitución de Estados Unidos. La lucha contra la corrupción criminal en Chicago fue posible porque la élite estadounidense siempre entendió que una de las claves para la libertad y la transparencia pública es la continuidad de las instituciones sobre cualquier circunstancia.

Y en efecto, todas las repúblicas longevas, que han logrado sobrevivir en décadas y siglos, han tenido una regularidad irrenunciable: la vigencia de las instituciones y el apego a la Constitución y sus reglas. En todas esas experiencias republicanas a nadie se le ocurrió cerrar un Legislativo porque se había elegido una mala representación, ni comenzar retacear la ley de leyes con reformas a tontas y locas. Simplemente a nadie. Es la diferencia entre una élite ilustrada y nuestros políticos.

Muy por el contrario, existen otro tipo de países que, ante un Congreso sin popularidad, ante la corrupción de sus políticos y una crisis económica devastadora, optaron por ignorar los procedimientos constitucionales echando mano de los referendos, plebiscitos o la instrumentalización de mayorías circunstanciales para acabar con las instituciones. Salvando las distancias en los modelos, es lo que sucedió en las experiencias comunista y nazi, y acaece en las democracias plebiscitarias y tropicales de América Latina.

Después de la confianza otorgada al Ejecutivo, después de comprobar que existe un Gobierno inclinado al plebiscito permanente, la experiencia republicana del Perú deberá definir si se enrumba por el camino de las muchedumbres plebiscitarias, u opta por la tradición institucional republicana de respetar la Constitución y preservar las instituciones democráticas, más allá de su aprobación en las encuestas o de cualquier otra circunstancia.