¡Cuidado con las rondas y la estrategia antisistema!

Plan radical busca ampliar competencias constitucionales de estos organismos

Los dirigentes de las rondas campesinas han entrado en una actividad frenética que los ha llevado a reunirse con el presidente del Legislativo, Luis Galarreta. También han tenido un singular protagonismo en las movilizaciones de profesores de provincias en la capital con el objeto de cancelar la ley de Carrera Pública Magisterial. La tradición organizativa de las rondas siempre se concentró en la sierra norte del Perú, particularmente en Cajamarca. Sin embargo, desde el 2010 en el sur del Perú ha comenzado un proceso de organización febril de rondas campesinas; sobre todo en las comunidades y localidades cercanas a las minas Constancia, Antapaccay y Las Bambas que —junto a Cerro Verde— producen cerca del 60% del cobre peruano.

¿Cómo explicar este repentino protagonismo de las rondas? A entender de este portal, en el Perú existe una estrategia antisistema que pretende cambiar el modelo económico y el sistema institucional que nos ha permitido organizar este momento positivo para la República. Para avanzar en su estrategia les resulta fundamental paralizar la producción de cobre porque, en el acto, la economía podría caer en recesión y las impaciencias sociales se desatarían, organizando un escenario favorable para las fuerzas antisistema. ¿Cuáles son las propuestas antisistema? Bueno allí está el llamado Movadef, el MAS de Gregorio Santos, el movimiento etnocacerista de Antauro Humala y otros grupos menores.

Sucede que en este contexto, en el Ministerio de Justicia habría surgido una propuesta —francamente incomprensible y delirante— que estaría planteando una reforma constitucional para ampliar las competencias de las rondas campesinas. Estas competencias están establecidas en el artículo 149 de la Constitución, que señala que “las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona”.

Semejante artículo es el marco jurídico con el que las rondas campesinas en Cajamarca han asumido funciones por encima de los jueces, la policía y todas las autoridades del Estado. En la práctica las rondas han subordinado a la propia organización comunal y han desatado infinidad de abusos que son denunciados por la ciudadanía; incluso han llegado a vejar a las propias autoridades judiciales. Pero no solo se trata de un “nuevo orden popular” de las rondas, sino que estas organizaciones ya han demostrado su vocación antisistema, tal como se comprobó en la paralización del proyecto minero Río Blanco y las movilizaciones de apoyo a la huelga magisterial. En este contexto, ¿qué sucedería con los proyectos mineros del sur con rondas controladas, por ejemplo, por el MAS de Gregorio Santos?

En este portal ya hemos informado, por ejemplo, que Carlos Sánchez Terrones, presidente de la Federación Regional de Rondas Campesinas de la región Cajamarca, es un dirigente vinculado a Gregorio Santos. Igualmente vale recordar que las rondas cajamarquinas se convirtieron en la fuerza de choque contra los proyectos mineros en Conga, Michiquillay y Galeno. En este contexto, desde el 2010 se comenzó a gestar la Central Única de la Macrorregional de Rondas Campesinas del Sur del Perú (Cumarc), que integra a las regiones de Cusco, Apurímac, Arequipa, Moquegua. Esta organización está asesorada por Jaime Borda, un reconocido activista antiminero.

Si bien es cierto que las rondas campesinas se pueden convertir en una necesidad frente a la ausencia del Estado en zonas importantes del país, un proyecto de Estado moderno, reformado e inclusivo, debería descartar de plano estas formas de “organización popular” supletorias, alentadas por antropólogos de izquierda que consideran que los jueces y policías de un Estado nacional solo debe funcionar para las clases medias y acomodadas de Lima. ¡De ninguna manera! Las instituciones del Estado, la justicia nacional y el ejercicio de la autoridad, deben ser iguales para todos sin distinción.

El radicalismo antisistema sigue avanzando a vista y paciencia de todos. Y si se confirmara que en el Ministerio de Justicia existe un proyecto de ley para ampliar las competencias constitucionales de las rondas, y no para reglamentarlas para evitar abusos —como sucede con el proyecto de ley N° 773-2016-CR, presentado por Gino Costa y diversas bancadas—, estaríamos ante un hecho más que nos confirma que Marisol Pérez Tello debe ser relevada del Ministerio de Justicia al término de la distancia.