La comisión de Constitución del Congreso de la R...
El desgobierno nacional, la estrategia de empoderar a las minorías radicales y la renuncia del Ejecutivo a imponer la autoridad democrática, ha desatado una ola de ataques en contra de las minas del sur, que producen más del 50% del cobre nacional. MMG-Las Bambas, una de las diez minas de cobre más grande del mundo, acumula más de un año de paralizaciones por los bloqueos constantes de minorías a lo largo del corredor vial del sur. ¡Ahora le toca a la mina Cuajone, de Southern Perú!
Lo grave de semejante situación es que se produce en momentos en que el precio de la libra del cobre alcanza los US$ 4.50, un récord histórico. Una situación que abre infinitas posibilidades para el crecimiento, la inversión, la generación de empleo y la reducción de la pobreza, considerando que el país es el segundo productor mundial de cobre. Sin embargo, la renuncia del Ejecutivo al principio de autoridad está destruyendo todas estas posibilidades.
Para ilustrar la tragedia nacional que están causando las minorías violentistas: se calcula que el país y Apurímac pierden US$ 9 millones diarios por las paralizaciones de Las Bambas. Con respecto a Cuajone, la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMP) ha informado que Southern ha dejado de producir 7,000 toneladas métricas de cobre (TMC) y, por cada día de paralización se pierde cerca de S/ 2.5 millones por canon y regalías, y más de S/ 6 millones en impuesto a la renta. Un verdadero crimen social.
¿Cómo se explica la paralización de Cuajone? Algunos sectores en la provincia Mariscal Nieto, en Moquegua, desarrollan acciones de fuerza que paralizan la producción de Cuajone y afectan el consumo de agua de más de 5,000 personas que viven en el campamento minero. La conducta de estos sectores viola la Constitución y las leyes nacionales, y reproduce el software que aplican las minorías en otras áreas del corredor vial del sur.
El problema se desencadenó con el reemplazo de la tubería de agua que abastece a Cuajone desde 1976. La SNMP denunció que sectores de las comunidades campesinas de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala interrumpieron la vía férrea de Southern Perú, bloqueando el transporte de la producción de cobre al puerto de Ilo. Luego otro sector tomó ilegalmente el reservorio de Viña Blanca e interrumpió el abastecimiento de agua a la operación minera y a las más de 5,000 personas que viven en el campamento.
¿Cuáles son las demandas planteadas por estos sectores a la mina Cuajone? El pago de US$ 5,000 millones de dólares y el 5% de las utilidades anuales. Es decir, la Constitución, las leyes y los contratos firmados por el Estado no tienen valor alguno.
Algo más. Las demandas a Cuajone, por su contenido absurdo e ilegal, se parecen a las exigencias a MMG-Las Bambas por parte de algunas poblaciones de Chumbivilcas y Espinar, dos provincias del Cusco: piden contratos de servicios en base a la extorsión y demandan formar parte del área de influencia directa, no obstante ubicarse a más de 100 kilómetros de la operación minera en Apurímac. Es decir, pretenden que MMG-Las Bambas se convierta en el Estado nacional.
Como se aprecia con absoluta claridad, el gobierno de Pedro Castillo está logrando lo que parece imposible: bajar al Perú de los ciclos virtuosos de los altos de los precios minerales. En otras palabras, le está negando al país la posibilidad de seguir creciendo y reduciendo la pobreza. Un crimen social contra los pobres.
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