Corte IDH errada en lesa humanidad y en defensa de Derechos Humanos

La Corte IDH le ha ordenado al Congreso peruano que se abstenga de legislar sobre los alcances de los delitos de lesa humanidad. Sin embargo, todo indica que el Legislativo nacional seguirá ejerciendo las prerrogativas que le reconoce la Constitución Política y los tratados internacionales y, en ese sentido, procederá a aprobar la ley sobre el tema. Ante semejante escenario, el progresismo y las corrientes de izquierda han salido a señalar que el Perú está en desacato ante el sistema jurídico internacional y que se convertirá en una paria internacional a semejanza de Venezuela y Nicaragua. ¡Vaya!

El Perú, el país que preservó el Estado de derecho y la vigencia de la Constitución frente al golpe fallido de Pedro Castillo y el eje bolivariano, por obra y gracia de los trabalenguas progresistas, podría terminar pareciéndose a Venezuela y Nicaragua. En otras palabras, por magias de la izquierda caviar nacional podría parecerse a los países en donde se quiebran los estados de derecho y las garantías constitucionales.

El peor enemigo de los países del eje bolivariano –entre ellos México. Colombia y Bolivia– entonces se parecerá a su némesis. Algo está muy mal en el razonamiento. ¿Y por qué el país podría convertirse en paria internacional según la narrativa neocomunista? Porque el Congreso nacional se atreve a rescatar el principio de legalidad penal democrático de una verdadera barbarie jurídica. El Legislativo pretende precisar que los delitos de lesa humanidad existen en el país desde que el Perú firmó el Tratado de Roma en el 2002 y el tipo penal se incorporó a nuestra normatividad. Sin embargo, desde tres décadas atrás, nuestros soldados y policías de la pacificación nacional, hoy convertidos en ancianos, son perseguidos hasta el final de sus días por la venganza neocomunista.

El Congreso pretende señalar que nadie puede ser imputado ni menos sentenciado si la figura penal no está previamente descrita en la ley: es decir, pretende rescatar un principio fundamental de los Derechos Humanos universales. Sin embargo, la Corte IDH le ordena al Congreso que se abstenga de legislar invocando prerrogativas de sabe Dios dónde e intentando convertir al Estado peruano en un estado colonial, en uno bananero.

¿Por qué la Corte IDH asume semejante actitud? La única explicación está en la ideología que han cultivado las corrientes neocomunistas alrededor de los temas de DD. HH. Semejante ideología pretende señalar que los Derechos Humanos, en términos abstractos, están por encima del Estado de derecho. Por lo tanto, el uso legítimo y constitucional de la fuerza pública para defender el Estado de derecho no existe frente a la defensa abstracta de los DD. HH. Sin embargo, el único sistema que ha defendido los Derechos Humanos en el mundo moderno son los estados de derecho, los sistemas republicanos y las democracias. No hay otro. Sin Estado de derecho los Derechos Humanos no existen.

Defender el Estado de derecho, entonces, es defender los verdaderos Derechos Humanos. Cuando se relativiza la defensa del Estado de derecho en realidad se está promoviendo la neutralización de la acción de las fuerzas del orden y el triunfo de las milicias y destacamentos revolucionarios que quiebran el orden constitucional, violan todos los Derechos Humanos, con el objeto de convocar a una asamblea constituyente, tal como sucedió en Chile y se pretendió hacer en el Perú luego del golpe fallido de Castillo.

La Corte IDH, pues, está del lado de la ideología y, por ese motivo, prioriza la venganza neocomunista antes que el restablecimiento de los Derechos Humanos en los casos de lesa humanidad en el Perú. El objetivo es claro: no se puede permitir el antecedente acerca de que un Estado defienda su Estado de derecho, tal como lo hizo el Perú y tal como lo hicieron las grandes democracias que han alcanzado la longevidad. El caso de la Guerra de Secesión en Estados Unidos es paradigmático.

El razonamiento progresista y neocomunista sobre este tema no resiste el menor análisis. Inventan juegos verbales mientras se inicia un nuevo ciclo de judicializaciones de los soldados y policías que defendieron el Estado de derecho frente al golpe de Castillo y las milicias que pretendieron incendiar todos los aeropuertos del país. ¡No permitamos que vuelva a suceder!