La comisión de Constitución del Congreso de la R...
Los congresistas de Perú Libre han comenzado a desarrollar propaganda colectivista y comunista en contra de la Constitución de 1993, a propósito de la subida general de precios en el Perú: señalan que la actual Carta Política no les permite establecer control de los precios y enfrentar el boicot de “los empresarios especuladores”. Es la misma campaña que desarrolló el chavismo como parte de su estrategia de liquidación de la democracia venezolana.
Es absolutamente cierto que no se puede establecer control de precios de acuerdo al texto constitucional, sobre todo según los artículos 58, 59 y 60 de nuestra Carta. Sin embargo, vale preguntarse, ¿qué sucedería si el Ejecutivo se propone controlar algunos precios de la canasta básica? No se necesita ser economista ni zahorí para saber el resultado: en pocos días la escasez y el incremento de los precios del pollo, de la papa, del pan, de los fideos, se convertirían en carestía y desaparecerían del mercado.
Ante la “derogación comunista de las leyes de la oferta y la demanda” la carestía produciría mercados negros y los precios de la canasta básica se convertirían en precios de productos suntuarios. La rabia social se desataría como una explosión nuclear y creemos que el gobierno de Pedro Castillo sucumbiría ante la ola de indignación. ¿A quién se le ocurre que el control de precios puede ser una medida popular luego de la hiperinflación peruana de los ochenta y la tragedia humanitaria de Venezuela?
Como han señalado diversos economistas, el incremento de los precios de la canasta básica tiene dos explicaciones: el descenso estacional de la producción agrícola que abastece el mercado nacional en los meses de febrero y marzo –y que comienza a recuperarse en abril y mayo–, y de otro lado, la guerra en Ucrania que afecta, sobre todo, el precio del petróleo, la energía y algunos cereales como el trigo. El aumento del combustible eleva los fletes y los demás precios.
Ante la convulsión social que comienza a extenderse por el desgobierno nacional de Pedro Castillo y Perú Libre, los sectores colectivistas y comunistas comienzan a proponer controlar los precios y elevar aranceles, tal como se propone en el caso de la importación de la leche en polvo. Una locura que creará escasez general de lácteos
Ni Marx ni Engels, ni más de ocho décadas de comunismo en Europa y Asia, ni menos las décadas trágicas de Hugo Chávez o los controles de la dictadura de Velasco, lograron quebrar las leyes de la oferta y la demanda. El triunfo de la libertad de precios en la historia es tan inobjetable que el propio partido Comunista Chino y el Partido Comunista de Vietnam –el único que derrotó militarmente a Estados Unidos– se han rendido a plenitud ante las leyes de la oferta y demanda.
Y es que el asunto resulta demasiado sencillo: nadie podrá comprar harina, levadura, sal o aceite y contratar trabajadores (costos de producción) para vender al precio que Pedro Castillo fije para salvar su popularidad. Nadie puede invertir en pan y vender para perder. Ante la derogatoria comunista de la ley de la oferta y la demanda, el panadero esconderá su producción, venderá en el mercado negro y cobrará a voluntad.
Por todas estas consideraciones, la élite política, los congresistas y los funcionarios del Ejecutivo con formación económica deben permanecer atentos ante la desesperación que empieza a apoderarse de algunos miembros del Ejecutivo, quienes no entienden el desmadre nacional que se avecina.
Manejar el Impuesto Selectivo al Consumo y plantear programas focalizados de ayuda a los más pobres pueden aparecer como medidas urgentes y desesperadas para enfrentar la situación. Sin embargo, la única estrategia válida para situaciones como las que describimos es aumentar la inversión privada, generar más empleo e ingresos, para reducir la pobreza y enfrentar los precios altos coyunturales.
El Gobierno de Castillo todavía no entiende el problema que lo fagocitará.
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