Continúa batalla por Tía María

Mientras continúa la guerra de poderes que alienta el presidente Martín Vizcarra, los grandes temas vinculados a la inversión, el crecimiento y el proceso de reducción de pobreza, simplemente siguen postergados. Un asunto capital tiene que ver con la decisión que asumirá el Consejo Nacional de Minería sobre la suspensión de la licencia de construcción del proyecto de cobre Tía María, que otorgó la administración Vizcarra en julio pasado.

Este 7 de octubre, el Consejo Nacional de Minería se reunirá para ver el espinoso tema. Sin embargo, ese mismo día el presidente Vizcarra se reunirá con los gobernadores regionales del sur para analizar una nueva propuesta de Ley de Minería; no obstante que los principales inversionistas, académicos y especialistas han señalado que el milagro económico peruano y el incremento del canon a los gobiernos subnacionales no se explicaría sin la mencionada normatividad minera. ¿Por qué entonces cambiar la Ley de Minería? Nadie lo entiende.

Por todas estas consideraciones, no es descabellado afirmar que, tal como sucedió con la suspensión de licencia de construcción, en la decisión del Consejo de Minería tendrá un enorme peso la coyuntura política. De allí que todos los sectores que defienden la economía de mercado —que ha posibilitado reducir pobreza del 60% de la población a solo 20%— deberían iniciar una cruzada nacional para defender la Constitución y la preeminencia de los contratos en el caso Tía María. Desde el punto de vista ambiental y social no existe un solo argumento en contra de la viabilidad del mencionado proyecto de cobre, excepto la violencia que ejercen las minorías radicalizadas mediante bloqueos de carreteras, puentes y atentados contra la libertad de tránsito de personas y empresas.

Vale anotar que el proyecto Tía María sumará una inversión de US$ 1,400 millones y, durante los dos años de construcción de la mina, se generarán 9,000 empleos: 3,600 directos y 5,400 indirectos. Algo más. En los 20 años de operaciones de la mina se generarán 4,200 puestos de trabajo.

Sobre este delicado tema cabe precisar que no solo se trata de Tía María, sino del futuro de la minería en general; sobre todo el del llamado Corredor Minero del Sur, en donde se emplazan Cerro Verde, Las Bambas, Antapaccay, Constancia y otras inversiones. En este Corredor se produce más del 50% del cobre nacional, que representa cerca del 1.5% del PBI.

Bloquear Tía María es, entonces, dibujar una enorme interrogante sobre las minas del sur. Si el radicalismo y el colectivismo antiminero lograran su objetivo de paralizar el proyecto, tarde o temprano emplearían el mismo método para jaquear a las principales minas sureñas. De una u otra manera, la cartera de inversiones mineras del país, que suma US$ 62,000 millones, se postergaría para las calendas griegas y el sueño de convertir al Perú en un país que protagonice la primacía en la producción del metal rojo se esfumaría con extrema rapidez.

Siempre vale recordar que el Perú produce cerca de 2.5 millones de toneladas métricas de cobre (TMC), mientras que Chile sobrepasa los cinco millones de TMC. Y aquí viene lo trágico: con el bloqueo de Conga y el cinturón de cobre del norte (Galena, La Granja y otros) el país dejó de producir alrededor de un millón de TMC. En otras palabras, nuestra sociedad perdió varios puntos de PBI y se dejó de reducir considerable pobreza, no obstante que seis millones de compatriotas siguen padeciendo este flagelo.

Por todas estas consideraciones, los peruanos de buena voluntad y quienes defienden las libertades políticas y económicas no pueden permitir que las estrategias de los comunistas y colectivistas terminen bloqueando Tía María y amenacen las inversiones y posibilidades del Corredor Minero del Sur y las inversiones de cobre en el Perú.