Consecuencias del archivamiento de la constituyente

La mayoría de partidos del Congreso, al parecer, todavía no ha sacado las conclusiones sobre qué significa archivar el proyecto de asamblea constituyente que, a tontas y locas, envió el Poder Ejecutivo. ¿Por qué el Gobierno se lanzó a la constituyente en el preciso momento en que el Ejecutivo se derrumbaba ladrillo por ladrillo? Es una pregunta que solo pueden absolver los asesores cubanos y los estrategas del Foro de Sao Paulo y Perú Libre.

Lo cierto es que haber planteado la constituyente –más allá de un mensaje verbal– es una forma de ir a una batalla final. Y bueno, el Ejecutivo ha perdido esa batalla final en todas las líneas. Quedó en evidencia que los anuncios de un supuesto Plan B, eventuales tomas del Congreso y una estrategia general para cerrar el Ejecutivo, solo eran las bravatas de un Gobierno que es repudiado y largado en provincias. Nadie en el Perú puede perdonar que se hayan detenido tres décadas de crecimiento y el proceso de reducción de pobreza de las últimos tres años. Aumentar la pobreza, sobre todo en una sociedad que avanzaba a buena velocidad, es un crimen imperdonable.

El Gobierno de Perú Libre, entonces, se disuelve, tal como sucedió con la autoridad del Ejecutivo cuando se decretó el toque de queda y la inamovilidad para 11 millones de peruanos, y la mayoría de limeños se declaró en desobediencia civil. Ese día hubo un antes y un después en el Gobierno de Castillo y el Ejecutivo empezó a morir todos los días.

El archivamiento de la constituyente entonces es una estocada letal al plan colectivista. La primera consecuencia de semejante decisión es que el Perú no se enrumba hacia el chavismo. Entonces, ¿hacia dónde se encamina? Todo indica que el país avanza hacia una anarquía general, y que la autoridad del Estado se desploma ladrillo por ladrillo, pared por pared, pero en cámara lenta. El desmoronamiento estatal se agravará con el colapso de los servicios públicos por la decisión de Perú Libre de nombrar activistas y militantes –sin capacidad profesional ni técnica– en puestos claves del Estado.

El cóctel de destrucción nacional sumará el desplome del Estado al frenazo económico que derrumba la inversión privada, ralentiza el crecimiento y aumenta la pobreza. No será nada extraño que el estallido social del pasado 5 de abril por el incremento de los precios de la canasta básica –consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania y la imposibilidad de recuperar el ingreso promedio antes de la pandemia– continúe en diversas regiones y provincias.

Si la devastación nacional persiste, las minorías radicales antimineras en las áreas mineras y las economías ilegales en las regiones cocaleras –abiertamente promovidas por el Ejecutivo– empujarán hacia la quiebra general del Estado de Derecho y surgirán verdaderas zonas liberadas de la Constitución, las leyes y las instituciones democráticas. En este contexto, la posibilidad de la fractura de la unidad territorial está planteada en la agenda. 

Si el Ejecutivo abiertamente plantea una república plurinacional que quiebra la unidad territorial, ¿por qué no considerar que todos estos hechos forman parte de un plan fríamente calculado?

Si estas proyecciones tremebundas para el futuro de la República son posibles todo ya empieza a ser responsabilidad del Congreso de la República. ¿Por qué? En el Legislativo se debería entender que el archivamiento del proyecto de la constituyente profundiza el vacío de poder en el Estado y la tendencia general a la anarquía. 

En ese sentido el Congreso está en la obligación histórica de organizar una salida, una transición, para la crisis que empantana a la República. En América Latina, con sistemas semipresidenciales, en que los ejecutivos y los congresos se eligen por el sufragio de todos los ciudadanos, cuando uno de los poderes soberanos se derrumba –como el Ejecutivo peruano– el otro llena ese vacío de poder.

El Congreso, entonces, empieza a ser responsable de la crisis.