¡Congreso obligado a defender Constitución y economía de mercado!

Esta semana es casi seguro que la mayoría republicana del Congreso aprobará por insistencia la ley que regula el uso de la confianza por parte del Ejecutivo. De esta manera superará el acto de barbarie constitucional que, durante la administración Vizcarra, significó el cierre inconstitucional del antepenúltimo Congreso. Durante esa jornada negra para el sistema republicano se cerró el Congreso argumentando “la denegación fáctica de la confianza”, una figura que no existe en la Constitución Política. 

Algo también grave: se planteó el voto de confianza para oponerse a la facultad exclusiva y excluyente del Congreso de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Bueno, ese momento oscuro será superado con la nueva ley que regula el uso de la cuestión de confianza.

El Congreso entonces está desarrollando su trabajo en la defensa de la Constitución Política, las libertades y el equilibrio de poderes. Sin embargo, ¿el Legislativo está defendiendo a los peruanos en todos los aspectos frente a la actual ofensiva colectivista y totalitaria del gobierno de Castillo y Perú Libre? Una pregunta crucial para el futuro de las libertades.

Por ejemplo, los anuncios acerca de que se promoverá una asamblea constituyente, de que se nacionalizará el gas, de que se impulsará una segunda reforma agraria sin el concurso de los agroexportadores y que se planteará la industrialización de la hoja de coca, han terminando por frenar la economía en seco. Los economistas señalan que la inversión privada podría caer hasta en 20%. ¿Qué significa semejante noticia? Que el PBI en el mejor de los casos se estancará; y en el peor, simplemente se contraerá. No obstante, con un crecimiento de este tipo, la pobreza aumentará.

Sin inversión privada no se crece, sin crecimiento no hay empleo, y sin empleo los cerca de 270,000 jóvenes que se incorporan a la economía cada año engrosarán las filas de los desempleados, de los nuevos pobres. Esos mismos anuncios del Ejecutivo, que ahuyentan la inversión privada, igualmente, han determinado que las tres calificadoras de riesgo más importantes reduzcan la calificación al país. En este contexto, ¿qué está haciendo la mayoría republicana para detener la destrucción de la economía? ¿Acaso no se entiende que no se puede defender la Constitución y las libertades sin defender la inversión privada y el crecimiento?

A estas alturas todo indica que la destrucción de la economía, en apenas dos meses y medio del nuevo gobierno, es una estrategia planificada del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el objetivo de legitimar a la constituyente pasa por deslegitimar al “modelo neoliberal y explotador”. Si la economía no crece, si aumenta la pobreza, entonces, las posibilidades de legitimar el discurso de Perú Libre y el Movadef se incrementan considerablemente.

El Congreso entonces debería considerar seriamente la urgencia de presentar batalla en la defensa de la inversión privada. Por ejemplo, se debería restablecer la plena vigencia de la Ley de Promoción Agraria, absurdamente derogada por el Congreso anterior y la pasada administración Sagasti. La mencionada ley convirtió al país de un mendigo agrario en una verdadera potencia agroexportadora mundial, con más de US$ 7,500 millones en exportaciones anuales. Lo más increíble: el milagro solo se desarrolló en el 5% de las tierras agrícolas.

Asimismo, el Legislativo debería pasar a discutir algunas reformas como la laboral y la educativa. De otro lado, el Legislativo debería controlar el incremento presupuestal de más de S/ 2,900 millones que acaba de aprobar el Ejecutivo mediante un decreto a “cuenta de ingresos futuros”. En otras palabras, el Congreso debería detener el intento de reventar la caja fiscal –pese a los forados del 2020 y el 2021– para financiar políticas clientelistas.

Es urgente entender que si no se defiende el crecimiento y la economía del Perú será extremadamente complicado defender la Constitución y las libertades.