Congreso debe restablecer derogada Ley de Promoción Agraria

Durante la administración Sagasti, el Congreso cometió uno de los mayores despropósitos legislativos que, de una u otra manera, también allanó el camino del avance de las corrientes comunistas en el Perú: derogó la ley de Promoción Agraria (Ley N° 27360), una de las mejores leyes económicas de las últimas décadas.

La mencionada ley se derogó porque alrededor de 3,000 activistas bloquearon las carreteras Panamericana Sur y Panamericana Norte y cercaron con violencia de las tierras de las agroexportadoras. Es decir, una minoría entre las minorías se impuso para derogar una ley clave para el desarrollo del Perú, el crecimiento, la reducción de pobreza y la diversificación de la economía.

Cuando entró en vigencia la ley 27360, el Perú era un mendigo agrario: los más de cuatro millones de hectáreas dedicadas a la agricultura solo generaban pobreza y destruían el futuro de las nuevas generaciones. Los minifundios y las cooperativas habían convertido a los antiguos fundos en desiertos de pobreza y miseria. Eran los directos herederos de la primera reforma agraria velasquista.

Los cooperativistas convirtieron a las cooperativas –verdaderas fábricas de pobreza y muerte– en sociedades anónimas. Pero luego la promulgación de la Ley de Promoción Agraria –a inicios del nuevo milenio– posibilitó el retorno del capital y las inversiones al campo. Se pasó de exportar anualmente apenas US$ 850 millones a más de US$ 7,000 millones. Igualmente se diversificaron nuestras exportaciones en más de 600 variedades de frutas y hortalizas, y los 22 de tratados de libre comercio permitieron que nuestros envíos agrarios llegaran a todos los continentes.

Uno de los efectos más relevantes de la derogada Ley de Promoción Agraria es el hecho de que del total de 3,000 empresas vinculadas a la agroexportación más del 80% corresponda a pequeñas y medianas empresas. De otro lado, la mencionada norma fomentó la contratación de más de un millón de trabajadores, con todos los derechos y beneficios sociales reconocidos. Asimismo, diversos estudios señalan que la reducción de pobreza en las regiones agroexportadoras ha sido impresionante, y el crecimiento de las ciudades cercanas a los fundos de agroexportación saltan a primer golpe de vista.

¿Cómo fue posible el milagro que transformó al Perú de mendigo agrario a una potencia mundial en el sector? En primer lugar, el régimen tributario especial que reconoció que una inversión agroexportadora demanda cómo mínimo un lustro o una década para madurar; es decir, para llegar a exportar.

Los comunistas –que se oponen a cualquier inversión intensiva en capital y tecnología– señalan que el país pierde ingresos fiscales por la tributación especial. Es una locura, ¿cómo se puede perder tributos si las exportaciones aumentaron en más de 600%? Si se exportaba US$ 850 millones y ahora más de US$ 7,000 millones, ¿es posible perder? Leyendas y mentiras comunistas.

De otro lado, la Ley de Promoción Agraria también establecía un régimen laboral flexible para fomentar la contratación de trabajadores de acuerdo a la estacionalidad de la actividad: siembra, mantenimiento y cosecha. Semejante flexibilidad promovió el empleo formal como nunca en la historia de nuestro agro; y sobre todo, evitó la mecanización intensiva del sector, que no hubiese posibilitado la creación de tanto empleo de calidad.

La derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, entonces, fue un verdadero crimen social alentado por las corrientes comunistas y las nuevas oenegés que surgen financiadas por los competidores agrarios del Perú.

Si las cosas no han funcionado mejor en la agroexportación es por la irresponsabilidad del Estado en el combate a la informalidad agraria; lo que no tiene nada que ver con las agroexportadoras, sometidas a todas las fiscalizaciones de los tratados de libre comercio y la rígida legislación de los países y mercados que compran nuestros productos. 

Igualmente la prosperidad no se ha expandido lo suficiente por las escasas tierras dedicadas a la agroexportación: solo 5% frente al 95% conducidos por minifundistas dedicados a una agricultura de sobrevivencia y pobreza, herederos directos de la primera reforma agraria.

Por todas estas consideraciones, el Congreso debe restablecer con urgencia la Ley de Promoción Agraria como una manera de luchar contra el avance del comunismo.