Congreso: ¿corresponsable de hundimiento de la República?

Luego de conocerse el segundo audio en que Martín Vizcarra se compromete —ante el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, y diversos sectores antimineros— a suspender la licencia de construcción de Tía María, todo se complica para la continuidad del jefe de Estado en el cargo. En la segunda grabación, Vizcarra señala que si en un mes no se logra revertir la licencia de construcción del proyecto minero de Tía María, entonces los descontentos pueden desarrollar una medida radical. El jefe de Estado sugiere esta acción política en el preciso momento en que la Policía Nacional del Perú era agredida por los violentistas que bloqueaban las vías de comunicación en Arequipa. En el preciso momento también en que la Fuerzas Armadas del país habían sido emplazadas para resguardar el Puerto de Matarani. Como todos sabemos, hubo varios policías heridos.

En otras palabras, es inconcebible que un ciudadano que convierte en trizas la Constitución y las leyes permanezca en la máxima magistratura del Estado. Por un acto mínimo de dignidad, y para evitar más desangramientos institucionales, Vizcarra debería renunciar. Sin embargo, todo indica que el actual jefe de Estado no avanzará por ese camino. Por el contrario, pretende —como se dice— morir como Sansón frente a los filisteos. El mandatario ha señalado que las interpretaciones exageradas sobre los audios que protagoniza responden a la estratagema de quienes se oponen el adelanto general de elecciones.

Las cosas, entonces, están ahora más que claras. En este contexto, si el Congreso de la República no asume su responsabilidad en defender la Constitución y las leyes se convertirá en corresponsable del deterioro institucional, económico y social que provoca la conducta de Vizcarra. ¿Qué significa para el Congreso asumir la responsabilidad que le compete? La respuesta es inevitable: iniciar el proceso de vacancia de la jefatura de Estado y establecer la sucesión constitucional que sanciona la Carta Política. En otras palabras, ungir a la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, como jefe de Estado hasta las elecciones generales del 2021.

Negarse a asumir responsabilidades convertirá al Legislativo no solo en corresponsable, sino en el primer culpable de la actual crisis política e institucional, de cara la historia del Perú. ¿Por qué? la actual crisis política empezó con la extrema polarización Ejecutivo versus Legislativo —luego de las elecciones del 2016— que propició la mayoría legislativa y que culminó con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Hoy que la acción de la administración Vizcarra causa un deterioro institucional y un colapso económico no visto en dos décadas de democracia, es evidente que si el Congreso no inicia un proceso de vacancia presidencial, de una u otra manera, todos estaremos contribuyendo a legitimar la convocatoria de una asamblea constituyente que redacte una nueva Carta Política.

El razonamiento es simple: si el texto constitucional no sirve para que las instituciones se contrapesen y resuelvan una crisis institucional como la que contemplamos, resulta evidente que el sentido común establecerá que la Constitución no funciona y se necesita otra diferente. Y si le agregamos el hecho de que el desmoronamiento económico del país —con los audios de Vizcarra y la suspensión de la licencia, la minería ha sido herida de muerte— empieza a causar recesión y aumento de pobreza, entonces la gente empezará a escuchar las argumentaciones de las propuestas antisistema que pretenden convocar una constituyente para redactar un régimen económico anticapitalista.

Es evidente, pues, que el Congreso y las bancadas parlamentarias no pueden eludir su responsabilidad de la presente coyuntura. Únicamente los sectores comunistas, estatistas y colectivistas podrían estar de acuerdo en que las instituciones de la República colapsen por falta de una salida política.