La comisión de Constitución del Congreso de la R...
Sobre la nueva acción legal de los radicales para frenar la minería
El señor Marco Arana, directivo de la ONG antiminera Grufides y frustrado candidato presidencial de la izquierda radical, al parecer, ahora busca ser candidato a congresista por Cajamarca, lo cual nos parece correcto porque sincera sus objetivos políticos y porque está en su derecho constitucional de serlo. El problema es que para alcanzar ese objetivo actúe sin reparos éticos y recurra a lo que los ciudadanos conocemos como “tinterillada”. Esto viene a colación porque el 1er Juzgado Especializado Civil de Cajamarca ha admitido una demanda presentada por Arana contra minera Yanacocha y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) para que no se desarrolle el proyecto minero Conga.
Los antimineros de Arana han salido a los medios de información a proclamar victoria, y de paso ensalzar a su líder-candidato. Pero, ¿por qué decimos que es una típica tinterillada? Primero veamos qué significa esa palabra según la Real Academia Española de la Lengua: “embuste, trapisonda, acción propia de un tinterillo”. La acción legal de Grufides tiene estas características porque pretende detener un proyecto minero que ¡está paralizado desde hace más de tres años!
Por esta razón, la justicia cajamarquina había rechazado antes dos acciones similares presentadas por la ONG de Arana, en primera y segunda instancia. Posteriormente el Tribunal Constitucional emitió una sentencia a favor de que se admita dicha acción de amparo, abriendo así las puertas para que los antimineros retomen el tema. Y lo han hecho justo ahora que empieza la campaña electoral hacia el 2016. en la que Arana busca ser parlamentario.
Por cierto el recurso legal de Grufides está acompañado de opiniones de terceros que intervienen al amparo de la figura jurídica “Amicus Curiae”. Se trata de algunas ONG de izquierda locales y de otras ONG ecologistas radicales foráneas como la canadiense Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (Canadá compite con el Perú en minería) y el Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente.
Otra ONG izquierdista, hermana de Grufides, Servindi, “medio de difusión indígena”, ha dicho que "la empresa tendrá que demostrar (ante el Poder Judicial) que el proyecto no daña a la población, ni al medioambiente, ni pone en peligro los recursos naturales". Esto tampoco es verdad.
Son Grufides y sus aliados quienes tendrán que sustentar su demanda ante la autoridad judicial, y probar lo que afirman: que Conga daña a la salud pública y el ambiente y amenaza los recursos naturales. ¿Cómo lo harán si no tienen argumentos ni fundamentos sólidos?
Para truncar Conga, por ejemplo, dijeron primero que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) estaba “mal hecho” (¡sin argumentos sólidos!), después pidieron la intervención de la Iglesia, luego aceptaron un peritaje neutral, y finalmente, cuando éste demostró que el EIA solo requería ligeros ajustes, patearon el tablero, se negaron a dialogar y se dedicaron a sembrar mentiras como “la minería le quitará el agua al agro”, “contaminará la tierra y el agua, los niños se enfermarán y el ganado se morirá”. Otra vez mentira pura y dura. En este contexto, el gobierno nacionalista abandonó a la empresa y a ésta no le quedó más que suspender sus operaciones temporalmente.
Lo que motiva a los radicales es su voluntad política e ideológica de paralizar la inversión privada en recursos naturales en todo el Perú para alcanzar así su fin ulterior: frenar el crecimiento económico para crear la “necesidad” de cambiar el modelo económico que hoy reduce pobreza, por el modelo estatista que hundió al país en la miseria en los 70 y 80.
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