Comunidades apuestan por la minería moderna en Ayacucho

En una reciente asamblea la comunidad de Huallhua y el caserío de Casma Palla Palla, en la provincia de Páucar del Sara Sara, se ha rechazado de manera enfática el anuncio de la Presidente del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, sobre el cierre de cuatro operaciones mineras en las provincias del sur de Ayacucho. En el acta de la reunión comunal se indica que las palabras de la PCM “están perjudicando a las comunidades campesinas, anexos y caseríos y población en general, respecto a los apoyos sociales, oportunidades laborales y empresariales”

Vale recordar además que tanto Huallhua como Casma Palla Palla son las comunidades aledañas a la unidad minera Pallancata, de la empresa Ares, una de las posibles operaciones que se cerraría de cumplirse el anuncio unilateral de Vásquez.

La posición de dichas comunidades, que aceptan y dialogan con la empresa minera, echan por tierra lo que la izquierda y los grupos antimineros han difundido sobre una oposición absoluta de los comuneros con respecto a la minería moderna. Falso.

No solo eso, cuando uno revisa al detalle quienes son los dirigentes que han participado en la reunión del 19 de noviembre en Coracora, en la que la PCM Vásquez amenazó con cerrar las operaciones, encontrará que mucho de ellos están ligados a intereses de la minería informal e ilegal, o son apologistas de Abimael Guzmán y operadores ideologizados que pretenden acabar sí o sí con la minería moderna. En todo caso, hay mucho por investigar.

Ahora bien, si las comunidades rechazan la amenaza de Vásquez es por la sencilla razón que de acabarse la minería moderna en la zona se terminarían las oportunidades empresariales y laborales, así como las contribuciones sociales. Ares ha desarrollado un intenso apoyo a favor de la salud de las provincias de Parinacochas y Paúcar del Sara Sara, sobre todo en las campañas de vacunación contra la Covid-19.

Pero hay otro detalle. Desde enero a octubre de este año, la región Ayacucho recibió S/ 111 millones de canon, sobrecanon y regalías mineras, una cifra superior a lo percibido, en conjunto, durante los nueve años anteriores (que fue alrededor de A/ 103 millones). Semejante crecimiento de la recaudación se debe sobre todo a las cuatro operaciones mineras que la PCM pretende cerrar.

Adicionalmente a eso, como los representantes de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía lo han indicado, de cerrarse las operaciones mineras se liquidarían más de 50,000 puestos de trabajo, de manera directa e indirecta. Únicamente en las operaciones de Pallancata e Inmaculada hay más de 5,000 trabajadores. Incluso dirigentes de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) han mostrado su respaldo a los sindicatos mineros.

En suma, lo que la administración Castillo está haciendo, cuando quiere liquidar la minería moderna, es sumar una gran ola de indignación, desde las comunidades campesinas hasta los sindicatos y organizaciones empresariales. Castillo y su PCM Vásquez además han dado carta libre a agitadores y apologistas del extremismo comunista.

Estamos entonces ante un Ejecutivo que se pone de lado de las minorías radicalizadas e ideologizadas, y que asume el relato minero. ¿Cómo deben reaccionar las absolutas mayorías nacionales? Esa es la pregunta.