Comités de vigilancia controlarán a los campesinos

El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, anuncia una “nueva reforma agraria” en un eventual gobierno suyo: comunistas y colectivistas ahora prometen la entrega de tierras a los trabajadores “organizados”. Es el típico engaño que destruirá la agricultura a gran escala y desactivará el 80% de las pequeñas y medianas empresas familiares que forman parte del círculo agroexportador. Según Perú Libre, todos entonces deben ser parceleros dedicados a cultivar para sobrevivir, tal como sucede con más de dos millones de parceleros y el 99% de las tierras agrarias del país.

Al respecto vale recordar que las tierras dedicadas a la agroexportación apenas sobrepasan las 250,000 hectáreas mientras las tierras con potencial agrícola del país llegan a los 7.6 millones de hectáreas.

Durante la dictadura colectivista de Juan Velasco se expropiaron las tierras y se crearon cooperativas agrarias de producción y sociedades agrícolas de interés social (SAIS), con juntas de vigilancia encargadas de controlar las actividades de los campesinos. Una suerte de “directorio” que hacía las veces de acopiadores y comercializadores de productos agrarios, y que se llevaban la mayor parte de las ganancias de la producción de los campesinos. En esencia, una modalidad mafiosa. El campesino no decidía qué producir de acuerdo a su criterio y expectativas, sino que obedecía las órdenes de los directivos y se sometía a la supervisión de las autoridades de la asociación, designados por los burócratas velasquistas. Desde sus escritorios decidían la suerte del campo, y es lo mismo que pretende hacer Perú Posible. 

En la actualidad, más de dos millones de pequeños parceleros –propietarios de menos de 2 hectáreas– explotan su chacra como les parece mejor, sin imposiciones. Un sector de ellos alquila sus chacras a inversionistas del campo que saben qué producir y poseen semillas y tecnología. El propietario acepta libremente el precio del alquiler de su terreno sin asumir los riesgos de los cultivos. 

Otros campesinos explotan sus chacras “al partir”, asociándose con los inversionistas que poseen el capital, la tecnología, las semillas, conocen el mercado y con experiencia. A diferencia de los campesinos que alquilan sus terrenos, ellos comparten las ganancias y las pérdidas. El riesgo es de ambos, del propietario y del rentista. Asumen las pérdidas provocadas por la sequía o plagas y el exceso de producción que ocasiona la caída de los precios de lo cultivado. Otro tercer grupo, con el esfuerzo de sus familias, invierten lo ahorrado y se valen por sí mismos. La tecnología, las semillas y la comercialización son propiedad de ellos. 

Si bien el minifundio siempre ha sido sinónimo de pobreza, la libertad en el comercio de tierras y en los mercados agrarios le otorga a los propietarios enormes posibilidades de emprender. Con el plan de Castillo, los campesinos estarán a merced de los funcionarios de los “comités de producción”, que nunca han arado, desyerbado, cosechado ni llenado costales con papas o zanahoria. 

Asimismo, los mercados mayoristas desaparecerán. Los otrora Mercados del Pueblo –”De la chacra a la olla”, controlados por el Estado–, que fueron un engaño para los productores del campo y los consumidores de las ciudades, y que desataron el mismo desabastecimiento que se padece en Venezuela, reemplazarán a los pequeños, medianos y grandes acopiadores, que hoy forman parte de la cadena que enlaza a minifundistas con los mercados urbanos.

El sueño de obtener riqueza con la expropiación de las tierras de las agroexportadoras es una verdadera locura. Con las expropiaciones, las tierras de la agroexportación no valdrán un cobre, caerá el comercio que genera utilidades y desaparecerán las exportaciones de las 600 variedades de frutas y verduras que, en 20 años, han generado divisas extraordinarias, necesarias para adquirir tecnologías nuevas, insumos y herramientas agrarias. La reforma agraria propuesta por Castillo, como la de Velasco, solo distribuirá pobreza. 

Además, con un gobierno estatista, no existen posibilidades mínimas de ejecutar los proyectos hídricos detenidos. El Estado no tiene capacidad para ejecutar proyectos de alta complejidad. A causa de los gobiernos regionales comunistas, más de nueve proyectos hídricos (Paltiture en Puno, Majes Siguas II en Arequipa, Chavimochic III en La Libertad y otros) están detenidos. Si no hay agua de calidad disponible todo el año en cantidades suficientes, cualquier reforma agraria es una estafa. 

Falta de inversión, de tecnologías, escasez de agua y pobreza caracterizarán a la agricultura nacional. Un huevo y un litro de leche pasarán a ser artículos de lujo, como en Venezuela.