Cárceles seguras con inversión privada

Una de las más importantes medidas para combatir la delincuencia

Una de las principales normas dictadas por el gobierno para combatir la delincuencia es el Decreto Legislativo 1229, que declara de interés público la promoción de la inversión privada y público-privada en los penales del país. La medida se explica por la necesidad urgente de revertir el fracaso del estado en las cárceles, las cuales funcionan hoy como centros de planeamiento, organización y dirección de crímenes en banda, en vez de ser centros de readaptación social.

La Policía Nacional ha descubierto que muchas extorsiones, secuestros, asaltos y asesinatos son organizados por delincuentes avezados que dirigen bandas de hampones desde la prisión, a través de teléfonos celulares que malos funcionarios les proveen a cambio de coimas. Estos casos se registran inclusive en penales de “máxima seguridad”.

El decreto legislativo 1229 declara de “interés público y prioridad nacional” la adopción de medidas necesarias para mejorar “la infraestructura, administración, tratamiento y seguridad penitenciaria”. Para este fin, establece regulaciones dirigidas a promover la participación de empresas privadas en “el financiamiento, diseño, construcción, mantenimiento, operación de la infraestructura, tratamiento y seguridad penitenciaria”, bajo la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (APP).

Quiere decir que las empresas privadas podrán construir, equipar y administrar cárceles, por encargo del estado, y también podrán proveer los servicios de mantenimiento, seguridad y tratamiento penitenciario de los internos. Todo ello en el marco de la política nacional penitenciaria fijada por el estado, que promueve la reeducación, rehabilitación y reincorporación de los internos en la sociedad.

Con esta iniciativa se busca superar la situación deplorable e insegura en que se encuentran las cárceles del país, debido a que el estado ha sido incapaz de administrarlas con eficiencia. Según un reporte oficial presentado en junio último, la población penitenciaria del país asciende a unas 75 mil personas internadas en 68 prisiones. El reporte precisa que esa población casi se ha duplicado desde el año 1997, cuando había 37,445 internos.

Uno de los problemas penitenciarios más graves es el hacinamiento originado por la sobrepoblación de los penales. Al 21 de agosto pasado habían 75,655 presos, teniendo los penales capacidad para albergar a un máximo de 33,497; es decir que hay una sobrepoblación de 126%.

Otro problema es el déficit de empleados penitenciarios. Mientras en Chile, Costa Rica o Uruguay la relación es de 1 empleado por cada 3 internos, en el Perú es de 1 por cada 9 reclusos, la más baja de América Latina e igual a la de El Salvador. El vecino del sur tiene 16 mil agentes penitenciarios para 45 mil internos, mientras que el Perú tiene 8,268 para más de 75 mil  presos.

Otro cambio importante es que las empresas también podrán prestar servicios de salud, educación, trabajo y rehabilitación de adicciones, rubros en los que la labor del estado es muy deficiente o no existe. Es decir que la calidad de vida de los internos mejorará.

Finalmente, la apertura del estado a la inversión privada en los penales es una saludable rectificación del gobierno, el cual, a poco de asumir el mando, paralizó la privatización piloto que había iniciado en mayo del 2010 la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), con la concesión a privados del penal Aucayama de Huaral.