Camino a convertirnos en un país cocalero

En noviembre pasado el Gobierno de Pedro Castillo nombró a Ricardo Soberón como encargado de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Soberón, quien antes se había desempeñado como asesor de organizaciones cocaleras, anunció el 17 de febrero un nuevo “pacto social ciudadano”, mediante el cual el Ejecutivo abandona el control de los cultivos de coca y deja en los propios agricultores la decisión de reducir sus sembríos de hoja de coca, el principal insumo para la elaboración de drogas tan socialmente dañinas como la cocaína y la pasta básica.

Este abandono de la lucha del Estado contra la producción de coca fue anunciado por el propio Soberón a los dirigentes de la Federación de Productores Agrarios del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (Fepavrae), quienes desde hace tiempo estaban solicitando esta medida. Cabe recordar que los dirigentes del Fepavrae fueron quienes más celebraron la designación de Soberón en Devida. Incluso hicieron público un comunicado en el que afirmaban que Soberón es “un permanente aliado de las organizaciones cocaleras”. 

El Perú es actualmente el segundo productor mundial de coca (el primero es Colombia) y tiene alrededor de 100,000 hectáreas dedicadas a estos sembríos. Pero en los años ochenta del siglo pasado, nuestro país era el primer productor mundial, y fue precisamente en esa época que se desató el fenómeno del terrorismo. Hay una evidente relación entre el aumento de la producción de hoja de coca, el narcotráfico, la existencia de “zonas liberadas” en el interior del país (en las que el narcotráfico impone sus leyes sobre las del Estado) y el terrorismo, que siempre ha estado aliado al narcotráfico. Basta señalar que los últimos remanentes senderistas se encuentran precisamente en las zonas donde abundan los cultivos de coca, como el VRAEM. 

Durante su campaña electoral Pedro Castillo estuvo en el VRAEM. Allí prometió que de ser elegido presidente garantizaría el cultivo legal de la hoja de coca, y que además concluiría el compromiso del Estado peruano con la DEA (Administración para el Control de las Drogas del Gobierno de Estados Unidos) para la erradicación de estos cultivos, argumentando que el consumo de la hoja de coca es una tradición andina milenaria. Sin embargo, todos sabemos que el consumo tradicional solo abarca menos del 10% de la producción total de la hoja de coca. Es incuestionable entonces que la mayor parte de la producción de hoja de coca se destina al narcotráfico y las redes de la economía ilegal. 

De otro lado, uno de los argumentos recurrentes –así sucedió en Bolivia– de quienes pretenden justificar el abandono de la política de erradicación de cultivos es que la hoja de coca puede ser industrializada. Una mentira de principio a fin. Hasta hoy no existe industria ni proyectos para industrializar el insumo principal de una de las grandes lacras mundiales.

Asimismo, el ministerio del Ambiente ha señalado repetidas veces que el 95% de los bosques deforestados se destinan a los cultivos de hoja de coca y abastecen de materia prima al negocio ilegal de la droga. El avance del narcotráfico ya es evidente en todo el Perú, y lo será aún más con el nuevo “pacto social ciudadano”.

A nuestro entender, la renuncia del Ejecutivo a la política de erradicación de cultivos de hoja de coca forma parte del proyecto de la asamblea constituyente y la llamada república plurinacional. ¿Por qué? Fomentar la extensión de cultivo de la señalada hoja, en realidad es apostar por crear zonas liberadas de la autoridad estatal, sin Constitución, ni leyes ni entidades constitucionales. Es una manera de seguir destruyendo el Estado desde adentro.