Bomba nuclear contra estrategia antiminera

La jueza de investigación preparatoria de Cotabambas, Patricia Lavenza, decidió ayer aplicar la Constitución y las leyes del Perú, y propinó un devastador golpe a la estrategia del radicalismo antiminero en contra del Corredor Minero del Sur: estableció la detención provisional por 36 meses de los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo, quienes hacían las veces de “asesores legales” de la comunidad de Fuerabamba.

Para todos era conocido que los hermanos Chávez se han convertido en una especie de brokers de los conflictos sociales en torno a las minas del sur. Ambos llegaban a una comunidad, exacerban las expectativas, elaboraban demandas inalcanzables (de las cuales cobraban un significativo porcentaje) y luego se desataba la violencia: desde bloqueos de carreteras hasta lamentables muertes. No obstante que actuaban como simples “emprendedores del conflicto”, la izquierda radical y anticapitalista apoyó a los Chávez en todas las líneas. Pero no solo ella. También las ONG caviares, como el Instituto de Defensa Legal (IDL), o portales de izquierda como Ojo Público. ¿Por qué apoyar a quienes eran acusados de “extorsionadores” por el Ministerio Público?

La respuesta es simple: aplicar la Constitución y las leyes representa una verdadera bomba nuclear en contra la estrategia radical antiminera —que detuvo la producción del Cinturón de Cobre del Norte (Cajamarca)— con la que se pretende paralizar la producción de las minas del sur (Corredor Minero del Sur) en donde se produce alrededor del 60% del cobre nacional. La estrategia antiminera solo logra bloquear inversiones mineras con violencia. Así sucedió, por ejemplo, con Conga, en donde las poblaciones adyacentes al proyecto apoyaban la inversión, pero fueron las lejanas las que ejercieron violencia.

¿Cómo se puede ejercer violencia en Las Bambas, en Constancia, en Antapaccay? IDL y las ONG que suelen afirmar que defienden Derechos Humanos, durante dos décadas han construido la teoría del uso desproporcionado de la fuerza policial; en realidad, no para proteger los derechos humanos, sino para debilitar la autoridad del Estado nacional. La cantidad de policías detenidos por el sistema de justicia por usar armas de reglamento en intervenciones policiales legales lo atestigua. La cosa ha llegado a niveles tan extremos que el Perú es el único lugar donde se asesina a policías: por ejemplo, el Baguazo y el tiroteo en el bosque de Pomac en Lambayeque.

Bueno, los policías en Conga, Las Bambas y en cualquier otro conflicto social se niegan a ejercer la autoridad, mientras los radicales antimineros buscan adrede víctimas que lamentar. En este contexto, los fiscales y jueces aterrados temen aplicar la ley. Es decir, en la práctica, alrededor de las minas ha surgido algo así como territorios liberados. Y si a este escenario le agregamos el razonamiento del sociólogo de izquierda, que nos señala que el conflicto social se explica por los errores de “la empresa” (y no por el fracaso del Estado en redistribuir la renta minera), y la manipulación de las expectativas de radicales y extorsionadores, tenemos el cuadro completo de lo que sucede cerca de las minas, que aportan cerca del 2% del PBI.

Por todas estas razones el radicalismo anticapitalista tiene que jugársela por los hermanos Chávez, más allá de que ambos solo sean simples “inversionistas del conflicto y la violencia minera”. La detención de los Chávez envía una nítida señal: la ley vuelve alrededor de las minas. Y los radicales antimineros entran en desesperación: pretenden parar la producción de cobre para ralentizar el crecimiento y crear un escenario contra el mercado en el 2021. Y de otro lado, necesitan detener la producción del metal rojo en el Perú para cumplir con “los filántropos” —financistas de la red de ONG antimineras— que especulan en las bolsas con los precios del cobre.