¡Basta ya de detenciones sin acusación ni juicios!

En el Perú siguen las detenciones preliminares y provisionales de los políticos vinculados al caso Lava Jato, sin que los fiscales se atrevan a acusar a los imputados. En otras palabras, en el Perú primero se detiene a la gente y luego se investiga para ver si se acusa o no al posible implicado. Es lo que acaba de suceder con el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski. Es lo que sucedió con Ollanta Humala y Nadine Heredia, y es lo pasó con Keiko Fujimori y la dirigencia de Fuerza Popular.

La ola mediática que transmitió las diligencias preliminares en contra de Keiko Fujimori, prácticamente, en cadena nacional, de una u otra manera encumbró a los fiscales del caso Lava Jato —particularmente a Rafael Vela y Domingo Pérez— como una especie de héroes nacionales. Sin embargo, estos magistrados hasta hoy no han asumido el principal deber que la Constitución, la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código Procesal establecen para los fiscales: formular acusación fiscal para iniciar los juicios.

Con el cuento de las declaraciones de Jorge Barata y de firmar acuerdos de colaboración de aquí para allá, los fiscales del caso Lava Jato no han acusado a Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Nadine Heredia, Susana Villarán, PPK, Alan García ni a Keiko Fujimori. De alguna manera, pues, las detenciones preliminares y provisionales que promueven los mencionados magistrados solo pretenden encubrir la evidente incapacidad jurídica o el manejo político descarado de los procesos.

La detención preliminar de PPK no solo forma parte de este especie de tinglado politizado que se comienza a contemplar, sino que viola abiertamente el artículo 290 del Código Procesal Penal, que establece que se impone detención domiciliaria y no preventiva cuando el implicado es mayor de 65 años. Si no procede el encierro preventivo, ¿cómo puede proceder la detención preliminar solicitada por el fiscal Domingo Pérez?

Lo más grave de todo es que este carnaval de detenciones preliminares y preventivas, sin acusación fiscal ni juicio, viola abiertamente el principio constitucional de la presunción de inocencia. Es decir, mientras no se pruebe en juicio y sentencia firme, el imputado se considera inocente. ¿Qué significa una detención provisional que se alarga por tres años? ¿Qué sucede si los detenidos son declarados inocentes por el Poder Judicial? ¿Qué tipo de responsabilidades les competerá a los fiscales y jueces carceleros embriagados por una media absolutamente irresponsable?

La idea de detener a la gente y luego investigar para ver si se acusa no o no, en el acto, nos traslada a los sistemas judiciales del régimen soviético de Stalin o al Tercer Reich de Adolfo Hitler, sistemas en que los políticos purgaban prisión sin haber sido enjuiciados, menos acusados formalmente ni sentenciados. Si los ejemplos son extremos, entonces, vale recordar que en Venezuela hoy pasa algo parecido.

Los fiscales politizados, ensoberbecidos por una prensa irresponsable, estiran las leyes sobre lavado de activos y organización criminal para detener a los políticos y también a sus principales colaboradores, tal como acaba de suceder con la señora Gloria Kisic, secretaria de PPK, y  José Luis Bernaola, chofer del ex presidente. ¿Cuál es el objetivo de estas detenciones? ¿Acaso no es el mismo modus operandi que se utilizó en las detenciones de los dirigentes de Fuerza Popular? Hay entonces circo para rato. Se vienen colaboradores que hablarán como si una eventual simple corrupción formara parte de actos de una organización criminal. Y hay circo precisamente cuando el Ejecutivo hace agua con el manejo de la crisis de Las Bambas y crecen las denuncias sobre textos escolares que promueven sexualidades extrañas, por decir lo menos.

El hecho de que los fiscales politizados actúen al margen de la Constitución posibilita imaginar que estas detenciones forman parte de un tablero de ajedrez. Ante el hecho de que la detención de Keiko Fujimori se vuelve insostenible y que las declaraciones de Barata limpian —al menos hasta ahora— a Alan García, los operadores que siguen esta lógica entran en desesperación y sacrifican un alfil. Preservan reinas y otras fichas, mientras juegan con la libertad de la gente. Tal como sucedía en los situation rooms estalinistas. Terrible.

¡La nueva Junta Nacional de Justicia debe cambiar a todos los fiscales supremos si es que los actuales no pueden detener este circo romano!