La comisión de Constitución del Congreso de la R...
Ministro enfrentado a institución policial
En medio de los terremotos que desata el escándalo Lava Jato en la clase política y las instituciones del Perú, el desborde de la criminalidad comienza a convertirse en un fenómeno indetenible que destruye la gobernabilidad, bloquea el avance económico y violenta la vida, el cuerpo y la salud de los peruanos, sobre todo de las mujeres que se han convertido en los blancos preferidos de los llamados “raqueteros”. En medio de esta situación el diario Correo acaba de informar acerca de un choque frontal entre el ministro del Interior, Carlos Basombrío, y el director de la Policía Nacional del Perú (PNP), Vicente Romero Fernández.
En un hecho sin precedente en la historia del sector Interior se filtró a los medios un oficio que envía Basombrío al director de la PNP, en el que le exige resultados inmediatos en el combate a la ola criminal. El titular del Interior señala que se ha recibido información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre el semestre julio-diciembre del 2016 y la data anualizada con respecto a la seguridad ciudadana. Basombrío asevera que mes a mes “la percepción ciudadana sobre la vigilancia policial viene disminuyendo, alcanzando en diciembre de 2016 su mínimo histórico”. Agrega que la incorporación de 3,000 nuevos patrulleros “debió haber contribuido a revertir la percepción ciudadana”. El titular del sector exige que en marzo al menos un 25% de la población considere que existe vigilancia policial, una cifra moderada en comparación al 30.9% que percibe que hay control del serenazgo
Las cosas, pues, son absolutamente claras: Basombrío está enfrentado a la institución policial. Los policías están en huelga de brazos caídos contra el sector Interior, ya sea porque están desmoralizados, desmotivados o porque simplemente no creen en el liderazgo del ministro.
En este portal lo hemos señalado con todas sus letras: nadie libra dos guerras a la vez, pero el titular del Interior decidió que podía enfrentar la guerra criminal y la guerra contra la corrupción policial al mismo tiempo. Tremendo error, digno de aprendices de política. La gestión de Basombrío pasó al retiro a 39 generales, movió a la oficialidad a discreción, acusó a oficiales de actos delictivos y, más de una vez, el titular del Interior parecía un representante de una ONG antes que el ministro del sector, en sus críticas contra la institución policial. Si la guerra contra ola criminal es una guerra y tu ejército es la policía, ¿cómo se puede maltratar de manera permanente a tu propio ejército? ¡Todo suena a locura!
Ante este impasse la administración PPK debe solicitar la renuncia en el acto a Basombrío, porque la ola criminal —junto a los escándalos de corrupción— están minando aceleradamente la gobernabilidad, las instituciones y la aprobación presidencial. Todo tiene un límite y ya cruzamos ese límite.
Sin embargo una de las cosas que llama la atención es que el oficio de Basombrío revela, una vez más, una clara intención de eludir su incuestionable responsabilidad política en el agravamiento de la crisis de seguridad ciudadana, porque ninguna propuesta de reforma ni plan puede funcionar si toda la Policía Nacional no acepta el liderazgo del jefe del sector. Semejante voluntad de eludir responsabilidades se ha convertido una constante en el ministro, ya sea cuando culpó de la muerte de un ciudadano en Las Bambas a dos coroneles, cuando dijo que volvería a pedir recompensa por un humilde trabajador en el siniestro de Larcomar o cuando presentó justificaciones en otros despropósitos.
Si aceptáramos la lógica de Basombrío, entonces, habría que seguir reorganizando de manera indefinida a la institución policial, hasta que todos los peruanos asuman la conducta que comienza a convertirse en sentido común como una manera de enfrentar la ola criminal: levantar las manos y decir ¡ya perdí! La única manera de evitar que los ladrones te quiten la vida.
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