La comisión de Constitución del Congreso de la R...
En Perú y en Chile han ganado coaliciones de comunistas y progresistas que, de una u otra manera, desde la cúspide de poder se proponen cambiar el régimen político y económico. Un cierto sector de analistas internacionales pretende ubicar al presidente chileno, Gabriel Boric, distante de los radicalismos, sobre todo por el nombramiento de Gabriel Marcel, ex presidente del Banco Central, en la vital cartera de Hacienda.
No obstante, Apruebo Dignidad, el movimiento de Boric, se identificó con la instalación de la Convención Constituyente, una asamblea que está redactando una Carta radical y colectivista. Hablar entonces de que en Perú y en Chile hay coaliciones de comunistas y progresistas en el poder parece ajustado a la verdad.
A pesar de las buenas formas y las buenas noticias, Chile parece más cerca del abismo. Ningún acto de Boric tiene valor alguno frente a una nueva constitución que prevé eliminar el Banco Central, la propiedad privada y establecer la elección popular de los mandos militares. La constituyente es el mayor baldón histórico para la derecha chilena sin ideología, que se rindió ante las turbas callejeras.
En el Perú, por el contrario, la resistencia de la mayoría de la sociedad y de una mayoría republicana en el Congreso ha contenido la estrategia a favor de una constituyente. Incluso los activistas juveniles, liderados por Lucas Ghersi, han recolectado muchas más firmas en contra de la constituyente que las que han recolectado los militantes comunistas. En este contexto, el Congreso aprobó una ley por insistencia –luego de la observación del Ejecutivo– que ratifica lo que está grabado en la Constitución: que la reforma total o parcial de la Constitución debe pasar previamente por el Legislativo. No va, pues, la constituyente.
Algo parecido ha sucedido con la ley sobre la cuestión de confianza. El Congreso ha ratificado que el Ejecutivo no puede interponer confianza sobre atribuciones exclusivas y excluyentes del Legislativo. El Tribunal Constitucional acaba de ratificar la constitucionalidad de la norma y se ha descartado cualquier posibilidad de cierres inconstitucionales del Congreso, tal como sucedió durante la administración Vizcarra.
La resistencia de la sociedad y de la mayoría republicana, entonces, hasta ahora ha preservado el sistema republicano y ha cortado en seco la estrategia totalitaria de la constituyente y del cierre del Congreso.
Igualmente, la movilización ciudadana y empresarial detuvo el proyecto de reforma tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas, que buscaba aumentar impuestos a ciudadanos y empresas, no obstante los más de US$ 8,500 millones de ingresos adicionales del Estado por incremento de los precios de minerales y pago de obligaciones en litigio. Un aumento de impuestos que iba a acabar con la competitividad de la minería nacional.
Cuando el Congreso se opuso a otorgar facultades legislativas en materia tributaria no solo detuvo la reforma tributaria del MEF, sino que también cortó en seco los primeros cambios reales al modelo económico.
Es evidente, pues, que la resistencia de la sociedad ha evitado que el proyecto comunista y progresista se concrete a través de la asamblea constituyente y mediante otras medidas económicas: desde la nacionalización del gas, pasando por la segunda reforma agraria, hasta la reforma tributaria del MEF.
El Ejecutivo no ha podido gobernar con su proyecto que va en contra de la Constitución y las leyes. El fracaso del Ejecutivo y el desgobierno general provienen de esa esquizofrenia de pretender gobernar un país regido por una Constitución, con medidas en contra de ese orden constitucional.
En este contexto, la preservación de la Constitución y las libertades sigue pasando por afirmar las instituciones y evitar cualquier cambio al modelo económico, por más ligero que sea. Una apuesta de este tipo es respaldada por la Constitución y las mayorías del país.
Algo más. No solo se trata de resistir. Es hora de avanzar en reformas institucionales y económicas a favor de la libertad. El mundo estará notificado: en Perú hay un Ejecutivo colectivista, pero todas las instituciones siguen funcionando bajo los criterios de la Constitución y del sistema republicano.
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