¿Arequipa sin Constitución y sin ley?

Hoy empieza una supuesta paralización indefinida en contra del proyecto Tía María y los demás proyectos mineros del sur, paro que impulsan sectores radicales anti inversión. Y decimos que lo promueven sectores radicales porque la mayoría silenciosa arequipeña contempla impotente cómo minorías proceden a bloquear carreteras, puentes y a ejercer violencia contra las empresas y negocios que pretenden seguir en sus actividades.

La situación es tan complicada que el Consejo Directivo de la Cámara de Comercio y Minería de Arequipa emitió un comunicado en que señala que con cada día paralizado se pierden US$ 13.8 millones y que las acciones de violencia explican la suspensión del 30% de los paquetes turísticos a la región. En el pronunciamiento también se asevera que se ponen en peligro 42,000 empleos del sector turismo, se afecta a alrededor de 26,000 taxistas y se suspenden las clases de 370,000 estudiantes en colegios y 49,000 en la educación superior.

Si consideramos que el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, ha señalado que una de las demandas de “la protesta es una nueva ley general de minería” y, además, que el bloqueo de la vía de Islay afecta los envíos de mineral de las compañías del sur, es evidente, pues, que la llamada huelga arequipeña pretende paralizar la producción de más del 50% del cobre nacional, que le agrega más de 1.5 al PBI. Y si a esto le sumamos el hecho de que el mismo bloqueo afecta el suministro de combustible a la industria arequipeña (Cerro Verde, Yura, Gloria), la intención del sector radical es más que evidente.

Ayer domingo el Ejecutivo autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en respaldo de la Policía Nacional para liberar el puerto de Matarani. La decisión fue acertada porque permitiö liberar la vía y los flujos de entrada y salida al señalado puerto. Ese es el camino para restablecer el orden.

El gobernador Cáceres es la punta de lanza de una estrategia de los gobernadores de Puno, Moquegua y la propia Arequipa que (frente al abandono del Ejecutivo de sus responsabilidades y la guerra que desata Martín Vizcarra en contra del Legislativo) se aprovecha del quiebre de la autoridad del Estado que produce la crisis política para desarrollar una estrategia en contra del régimen económico de la Carta Política. 

Los mencionados gobernadores se oponen a las inversiones en minería y recursos naturales, y proponen normas que implican la estatización de las inversiones e incrementos de impuestos que solo existen en los países colectivistas. Mientras bloquean las inversiones en el Perú, las mismas autoridades regionales fomentan la distribución del gas boliviano y favorecen la estrategia económica y social de Evo Morales en el sur del país.

Lo más grave de todo es que frente a la violencia que impide el libre tránsito de los ciudadanos y otras libertades consagradas en la Constitución, la policía, los fiscales y los jueces, simplemente no hacen nada ante el silencio y la indolencia del Perú oficial y de medios tradicionales irresponsables, que solo están focalizados en la guerra Ejecutivo-Legislativo que promueve Vizcarra. 

La pregunta que surge es, ¿cómo se va a arreglar la cuestión arequipeña si el presidente Vizcarra y el Gabinete Del Solar, más allá de la decisión sobre el puerto de Matarani, no parecen interesados en aplicar la Constitución y la ley? En cualquier república de mediana salud el Estado habría asumido sus responsabilidades con la región (carreteras, servicios, infraestructuras, colegios y centros de salud) y, a través del procurador respectivo, también habría denunciado a Cáceres Llica por sedición, porque ese es el delito que hoy parece cometerse. 

En medio de esta situación empiezan a aparecer los encuestadores y los filósofos del vizcarrismo, quienes hablan de la necesidad de resignarnos a perder crecimiento para ganar en el largo plazo con el adelanto general de elecciones. Al margen de estas reflexiones, es evidente que la economía ya está encaminada a crecer menos de 3% en el 2019 y, de una u otra manera, la recesión está a la vuelta de la esquina. Y si este panorama le agregamos un retroceso general del Estado en la minería, entonces, el vizcarrismo se convertiría en uno de los peores gobiernos de los últimos 50 años.