Antisistema apunta contra la Constitución

La recurrente propuesta de Verónika Mendoza y de Gregorio Santos de convocar a una asamblea constituyente para redactar una nueva Carta Política revela que los líderes antisistema en el Perú consideran al actual orden constitucional como el principal escollo a derribar para implementar sus propuestas estatistas. A diferencia de quienes sostienen propuestas antimercado, los defensores de la democracia y la economía libre, en muchas ocasiones, aparecen desconcertados en su defensa de los principios promercado consagrados en la Constitución vigente. Los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo, la conducta del oficialismo y la oposición, y en general el posicionamiento de todos los actores políticos, pareciera indicar que el crecimiento económico y las inversiones se ha convertido en asuntos relativos.

Es incuestionable, pues, que el régimen económico de la Constitución de 1993 es el blanco principal al que apuntan los sectores antimercado. ¿Cuál es la razón? Con ese modelo económico se liquidó el proyecto estatista que consagraba la Carta Política de 1979, que constitucionalizó las principales reformas velasquistas. De allí que la actual Constitución establezca el papel subsidiario de la actividad empresarial del Estado, el respeto al derecho de propiedad y la preeminencia de los contratos entre el Estado y los privados sobre las leyes y los gobiernos de turno. Igualmente, la actual Carta Política, posibilita la existencia de un mercado libre de tierras en el agro, con derechos de propiedad y múltiples contratos.

Sin estos preceptos constitucionales ho hubiese sido posible la continuidad de las reformas económicas de los noventa ni el desarrollo de un modelo de crecimiento basado en el mercado, el sector privado y el irrestricto respeto a los contratos. Únicamente basta señalar que el modelo de crecimiento de los últimos 25 años ha logrado reducir la pobreza, que antes afectaba al 60% de la poblacion, a solo un 20%. Además ha permitido la emergencia de un sector privado abrumadoramente mayoritario en la economía nacional, y muy democrático en la participación de empresas transnacionales, grandes inversionistas, y millones de emprendedores. En otras palabras, por primera vez en la historia del Perú ha surgido un sector privado que organiza la sociedad y explica la expansión y consolidación de las clases medias. Pero eso no es todo, sobre la base de la expansión del bienestar, la democracia - no obstante los problemas acumuladps- avanza hacia la quinta elección nacional sin interrupciones.

Es incuestionable que un modelo económico de este tipo resulta absolutamente incompatible con las propuestas antisistema que pretenden convocar a una nueva asamblea constituyente. No solo porque el crecimiento y la reducción de pobreza empujan a las propuestas radicales a la marginalidad, sino también porque pone en absoluta evidencia el fracaso de las fórmulas que proponen un Estado empresario, la regulación de los mercados, el proteccionismo comercial y los controles de precios. El radicalismo antisistema pretende liderar el descontento ante el fracaso del gobierno de Kuczynski y la ausencia de una segunda ola de reformas en cuanto a instituciones, educación, salud, solución de los problemas acumulados de infraestructura, y la urgente y necesaria reforma laboral. Con todas las señaladas transformaciones, el Perú relanzaría su crecimiento en el mediano y largo plazo, y se colocaría a la altura de las demandas que le plantea la actual globalización.

El radicalismo antisistema, pues, necesita cambiar la Carta Política porque es la manera más directa de cuestionar el crecimiento del último cuarto de siglo. De no hacerlo, estos sectores políticos simplemente se diluirían ideológicamente y perderían su razón de ser. Pero lo trágico y paradójico de semejante propuesta —tal y como se demostró con el velasquismo y como hoy sucede en Venezuela y demás países chavistas— es que en todas aquellas sociedades donde se ha impuesto solo ha generado pobreza y explosión de demandas sociales.