Antimineros van contra Quellaveco

En Moquegua ha aparecido un Frente Unitario por la Defensa del Agua y la Vida, que demanda la paralización del proyecto Quellaveco y anuncia un paro a partir del martes 5 de noviembre. Según sus autodenominados dirigentes, la inversión minera ocasionará graves perjuicios a las actividades agropecuarias de Moquegua. Señalan que para aceptar operaciones mineras en la zona, ubicada a 3,500 metros sobre el nivel del mar, no es argumento suficiente los US$ 5,300 millones que invertirá el concesionario Anglo American-Mitsubishi. En la actualidad, ¿qué actividades agropecuarias se realizan en el lugar? Hasta donde tenemos entendido, ninguna; o en el mejor de los casos, escasas o ínfimas.

El proyecto Quellaveco se ubica entre las minas Cuajone (Moquegua) y Toquepala (Tacna), en zonas altas, desérticas e inhóspitas. Es un proyecto de 300,000 toneladas de cobre al año y que incrementará la producción total de cobre nacional en 12%. A partir de 2022, cuando se inicien las operaciones, el aporte a la región será de S/ 400 millones anuales por concepto de canon. El proyecto de cobre además elevará en medio punto el Producto Bruto Interno (PBI) y el canon se duplicará en la región. El aporte económico y los 5,000 puestos de trabajo, la mayoría moqueguanos, consolidarán la economía del sur peruano, disminuyendo la pobreza, el desempleo y la informalidad.

El Frente de Defensa se opone al proyecto argumentando que se encuentra en cabecera de cuenca, y además señala que las operaciones mineras están contaminando las vertientes acuíferas. Nada es cierto. Hasta el momento no hay operaciones mineras y el río Asana nace a 22 kilómetros del proyecto Quellaveco, cerca al nevado Tutupaca (Tacna), considerado cumbre volcánica ubicada a 5,815 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). Las fuentes de agua de la zona contienen azufre por estar afectadas por el fenómeno lahar, porque están dentro de la zona volcánica del sur. Como se sabe, el fenómeno lahar es altamente destructivo y se produce cuando las aguas de las partes altas de los volcanes se precipitan y arrastran materiales sólidos, conteniendo rocas con niveles altos de boro y arsénico.

Del mismo modo, no se entiende cómo el movimiento antiminero se opone al proyecto hídrico Chilota-Chincune, ejecutado por el concesionario de Quellaveco. El proyecto es un sistema de captación y almacenamiento de agua proveniente de los ríos Chilota y Vizcachas, que permitirá bombear 650 litros/segundo de agua, por 15 kilómetros de tuberías hasta el sistema hídrico Pasto Grande y las Lomas de Ilo. 

No obstante el aporte de la minería, que es el primer sector exportador del país (60% de las exportaciones totales), es constantemente atacada y demonizada por el marxismo peruano. Si bien las inversiones mineras entre enero y setiembre del presente año —según el Minem— se han incrementado en 23.2% (US$ 4,070 millones), el discurso ambivalente de Martín Vizcarra abona en favor del movimiento antiminero y su lucha contra la producción de cobre en el país.

Al respecto Roque Benavides, expresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), ha señalado la necesidad de respetar la institucionalidad. “Es lo que más necesita el Perú en estos momentos”, ha dicho Benavides respecto a la decisión del Consejo de Minería (CM) de ratificar la licencia de construcción de la mina Tía María. Con tantas necesidades por cubrir, el país no puede darse el lujo de prescindir de la minería, sabiendo que los poblados andinos se han transformado para bien con el aporte minero. En este sentido, el primer interesado en la ejecución de los proyectos mineros es el Gobierno.

En el Corredor Minero del sur —que comprende los departamentos de Arequipa, Cusco y Apurímac— se produce el 50% de cobre del país. Si la extrema izquierda logra detener Tía María, continuarán con el proyecto Zafranal y Cerro Verde, también en Arequipa, y seguirán contra Las Bambas, Quellaveco, Antapaccay, Constancia y todos los proyectos mineros del sur. El Gobierno no puede abdicar de su responsabilidad de respetar las leyes y la Constitución y de su responsabilidad de promover la economía nacional. En caso contrario, la popularidad del mandatario podría revertirse, con consecuencias fatales para la frágil y escasa gobernabilidad peruana.