Antimineros concentrados en el sur

Todas las organizaciones antimineras han pegado el grito al cielo con el estado de emergencia declarado por el Gobierno en el corredor vial minero del sur, que comprende Apurímac, Cusco y Arequipa. La declaratoria de emergencia del pasado 8 de marzo (DS N° 025 – 2018 – PCM) vuelve a confirmar la emergencia en los 482.20 kilómetros de carretera, entre el distrito Progreso (provincia de Grau, Apurímac) hasta el poblado Pillones, en el distrito de San Antonio de Chuca (provincia de Caylloma, Arequipa).

La emergencia incluye 500 metros adyacentes a cada lado de la carretera. La medida del Gobierno se debe a la amenaza constante de las violentas dirigencias antimineras, que buscan romper el orden con la finalidad de bloquear las actividades mineras de la zona sur del país. A los antimineros no les ha bastado paralizar el importante proyecto cuprífero Conga, dejando a Cajamarca sumida en la absoluta pobreza. La señalada región es considerada, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2016), el área más pobre del país, con rangos de pobreza entre 43.8% y 50.9%. Mientras en el sur, en Arequipa por ejemplo, la pobreza se ubica entre 9.6% y 12.0%.

La región Cajamarca es, literalmente, un mendigo sentado en un banco de cobre, gracias a las dirigencias radicales. Y a autoridades como Gregorio Santos, dirigente del Movimiento de Afirmación Social (MAS) que aspira a ganar la presidencia del Perú aliado con las izquierdas más extremas del país. Existe la plena certeza de que los movimientos antimineros no hacen otra cosa que luchar en contra del bienestar del país. Ya lo hicieron en Cajamarca y ahora van por el sur, para detener a Las Bambas en Apurímac, Constancia en Cusco, Tía María en Arequipa y otros proyectos mineros. Están concentrados en el Corredor Minero del Sur y se han propuesto expandir la pobreza en función al caos y la violencia, que organizan en las carreteras por donde circula el progreso.

El radicalismo de izquierda y la ONG Derechos Humanos Sin Fronteras arguyen que el estado de emergencia establecido impide a los pobladores el libre derecho de manifestarse en contra de las mineras y militariza sus poblados. Vale decir que las ONG del ambientalismo ideológico son las que preparan el libreto de cada uno de los relatos y “protestas” antimineras. Todas las dirigencias de los frentes, colectivos, federaciones y comités de lucha están articuladas entre sí. Las ONG, con sus constantes Publicaciones y eventos que desarrollan dentro y fuera del país, se han convertido en la columna vertebral de todo el movimiento antiminero nacional. Brindan todo tipo de asesorías a los distintos gremios existentes en las zonas mineras que la izquierda se ha encargado de organizar. Los oenegistas tienen acceso a los medios e influyen con sus opiniones. Son ellos quienes inundan las redes sociales con relatos que desvirtúan la realidad de la minería nacional, moderna y responsable con el medio ambiente y los derechos humanos.

Lo que quieren las dirigencias en el corredor minero del sur es establecer una especie de cupo o peaje por camión o vehículo minero que circule por el lugar. Así de simple. Quieren acceder, sin mayor esfuerzo, a un pago que las mineras deben realizar para dejarlos trabajar en paz. Ya han contabilizado el número de camiones que circula por la carretera, cerca de 500, y ya deben haber hecho cifras de lo que le corresponderá a cada “dirigente” por el cobro indebido a las mineras. Este proceder nos recuerda el caso del proyecto Tía María, en donde el dirigente Pepe Julio se hizo famoso exigiendo a la minera “lentejas… para no incendiar Troya”. La coacción es un delito. Un Estado democrático e institucionalizado no puede permitir ningún tipo de extorsión en ninguna parte del país.

El Estado tiene el deber de proteger a los ciudadanos y sus actividades productivas. Y sobretodo de aquellos peligros que ponen en riesgo la vida y salud de las personas como consecuencia de las manifestaciones violentas.