Antimineros coaccionan a la población

El dirigente antiminero Jesús Cornejo Reynoso ha sido señalado como el probable autor de la destrucción de una bocatoma que desvía agua al anexo de Chucarapi - Pampa Blanca (distrito de Cocachacra en la provincia de Islay, Arequipa). Los agricultores de la zona se han quedado sin agua y, con la paralización de las actividades agrícolas, sus sembríos pueden perderse. El presidente de la Central Azucarera Chucarapi, Helbert Samalvides, confirmó el boicot contra los pobladores: “Nos perjudica. Más de mil bolsas de azúcar sin procesar han sido detenidas en la planta de Chucarapi”. El delito ha sido denunciado ante el Ministerio Público.

Según los pobladores, se han colocado enormes piedras para bloquear el paso del agua en la bocatoma. Indican que esto solo puede hacerse utilizando maquinaria pesada. Los vecinos también señalan que Cornejo estaría actuando en venganza por el poco o nulo apoyo que recibe de los pobladores para sus pretensiones políticas y antimineras. Según Cornejo y otros dirigentes, el Gobierno no solo debe dejar sin efecto la licencia de construcción de Tía María, sino también resolver la nulidad total del proyecto de cobre. 

Cornejo, presidente de la Junta de Usuarios (de agua) de Tambo, es procesado en el Poder Judicial de Arequipa, junto a 16 personas, por los delitos de tentativa de motín y disturbios. Cornejo además ha sido sindicado como el principal azuzador de los actos violentos en contra del proyecto Tía María en 2015.

De ser cierta la versión de los pobladores y del representante de la azucarera, el movimiento antiminero se muestra de cuerpo entero: es capaz de atentar contra los intereses y la seguridad de la misma población para detener la producción de cobre del país. Ya lo ha demostrado atacando con piedras a los profesores y alumnos que continuaron asistiendo a clases, oponiéndose al paro indefinido contra Tía María que ya tiene más de cien días. Cornejo es de los férreos opositores al proyecto Tía María, aunque no fundamenta esa oposición con explicaciones ajustadas a la realidad legal, técnica y científica. 

Otros operadores antimineros, vinculados a las ONG del ambientalismo ideológico, están asentados en el sur, dispuestos a provocar toda clase de enfrentamientos contra la minera y la población adversa a sus intereses antiperuanos. Los talleres informativos organizados por el proyecto Zafranal en Arequipa, son también boicoteados por vándalos, obligando a los pobladores a retirarse de las sesiones. Estos antimineros piden la nulidad del proyecto Zafranal en la provincia de Castilla y Caylloma. 

Los opositores a Tía María están organizando otra vez manifestaciones públicas en Arequipa y en Lima para lograr la atención de la prensa nacional, interesada en sobredimensionar los dichos de los antimineros. La suspensión por parte del Consejo de Minería (CM) de la licencia de la construcción de la mina, de agosto pasado, está llegando a su fecha límite. El contingente antiminero no tendrá escrúpulos para realizar manifestaciones violentas si la decisión del colegiado, perteneciente al sector Minas (Minem), es adversa para Cornejo y sus cómplices. 

Tía María es un proyecto ambientalmente viable. Por ser una inversión de talla mundial, las operaciones mineras estarán dentro de los parámetros ambientales internacionales y nacionales. El proceso de lixiviación es el más amigable con la naturaleza, y la probabilidad de que las filtraciones alcancen el valle de Tambo es una de las grandes mentiras de los antimineros, así como la contaminación de los sembríos por los polvos provenientes de la mina.

Por eso, la lucha contra Tía María es claramente una plataforma política. Quienes alientan la violencia en el sur serán candidatos por la izquierda peruana y el marxismo en las próximas elecciones para el Congreso de la República, en enero próximo. En su estrategia de “lucha” estarán dispuestos a replicar la violencia vista en Chile, sin importarles las consecuencias en contra de las inversiones y la seguridad del país. En este contexto, con la decisión del CM sabremos el grado de responsabilidad del Ejecutivo frente a la economía del país.