Antimineros amenazan al Ejecutivo

El gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, y los alcaldes de los distritos de la provincia de Islay han enviado oficios al Gobierno pidiendo que el Ejecutivo no otorgue la licencia de construcción de la mina Tía María (una inversión de US$ 1,400 millones para producir 120,000 toneladas de cobre anualmente), que se vence a mediados de este año. En la comunicación, el gobernador y los alcaldes hacen responsable al Gobierno del conflicto que generará el otorgamiento de la licencia.

En otras palabras, Cáceres está advirtiendo al presidente Martín Vizcarra que desencadenará una ola de manifestaciones violentas en contra del proyecto de cobre. Asimismo, hace responsables a las autoridades del Ejecutivo de los heridos, los muertos y todos los daños materiales a la propiedad pública y privada que ocasionarán las manifestaciones que está organizando junto a los actores antisistema más extremistas del país. De esta manera, el gobernador se opone a la voluntad de la mayor parte de sus vecinos.

Según la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, existen encuestas que revelan el evidente apoyo de la población al proyecto Tía María. Además, diversos dirigentes de los agricultores se han manifestado a favor del proyecto. Precisan categóricamente que Tía María no es un peligro para la agricultura.

Cáceres y los alcaldes se oponen a Tía María argumentando que mientras no se solucione el problema hídrico de la región, Tía María no va. Con este argumento errado, la primera autoridad arequipeña pretende hacerle creer a la población que para las operaciones mineras de Tía María se usará el agua destinada a la agricultura, perjudicando así a los campesinos el valle de Tambo. Falso. Cáceres no le dice a los pobladores de Arequipa que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aprobado por las autoridades y por la población de Islay en un audiencia pública hace cuatro años, considera la construcción de una planta desalinizadora que usará agua de mar, y que esa agua será destinada a las operaciones de la mina.

El ex premier César Villanueva, cuando inició su gestión dijo, en Arequipa, que el Gobierno de Martín Vizcarra implementará un acompañamiento a los proyectos mineros pendientes para hacerlos viables lo más pronto. Señaló, además, que no era posible que “habiendo tanta riqueza debajo de la superficie, existiera tanta pobreza encima de ella”. Del ofrecimiento de Villanueva solo quedan las palabras. El Gobierno no ha hecho esfuerzos para acompañar a la minera en la difusión de los beneficios del proyecto y los detalles técnicos relacionados con los cuidados del medio ambiente.

Después de La Bambas, el objetivo de la izquierda antisistema y antidesarrollo es Tía María, y no descansará en su lucha en contra de los pobres de Perú. La ONG Grufides y el Frente Amplio (FA), influenciados por Marco Arana, paralizaron la producción de cobre en Cajamarca. La región del norte es ahora la más pobre del país (más del 50%) y con los índices más altos de anemia infantil (55%). El estribillo “agua sí, oro no” sirvió para detener el proyecto Conga. En estos momentos, militantes del FA, reservistas seguidores de Antauro Humala, Gregorio Santos (del Movimiento de Afirmación Social, el independentista Edwar Quiroga (dirigente de una extraña organización islámica criolla denominada Inkarri Islam, que propone la “descolonización del Perú y el Tawantinsuyo”) y toda la red de “enlaces” de las ONG del ambientalismo ideológico, están concentrados en el Corredor Minero del Sur. Aprovechándose de la debilidad del Gobierno de Vizcarra, pretenden detener la producción de cobre en el sur, que representa el 60% de la producción nacional. Terrible.