Amenazan bloquear producción de Constancia

Un supuesto comité de lucha de Tracrara (distrito de Coporaque, provincia de Espinar) ha anunciado que bloqueará el paso en el puente Quero con objeto de que la mina Constancia no transporte el mineral hacia el puerto de Matarani. Una vez más se comprueba que la conflictividad en el Corredor Minero del Sur —donde se produce casi el 60% del cobre nacional— está sin control por el fracaso del Estado al redistribuir la riqueza minera y por la acción de los sectores antimineros (o simples extorsionadores) que manipulan a las poblaciones.

Detrás del supuesto comité de lucha de Tracrara está el “asesor”, César Quispe Puma, quien pertenece a una familia dedicada al transporte y que —siguiendo el mal ejemplo de los hermanos Chávez en Las Bambas— busca permanentemente contratos con la minera Hudbay, dueña de Constancia. Quispe Puma, además, es conocido por tener cerca de 11 denuncias por maltrato familiar.

Pero, ¿cómo Quispe Puma pretende justificar el conflicto, incluso, en contra de las autoridades comunales de Tracrara? Como todos sabemos, Hudbay mantiene envidiables relaciones con las poblaciones adyacentes al proyecto minero, a tal punto, que deberían ser replicadas en otras experiencias mineras. Como parte de esa conducta empresarial, el 9 de abril pasado la municipalidad distrital de Coporaque sostuvo una reunión con las 28 comunidades cercanas a Constancia para discutir el destino del aporte voluntario de Hudbay para el periodo 2019-2022. Sin embargo, un sector de la comunidad de Tracara exigió que se destine el 60% del aporte de la minera para su circunscripción. El pedido fue rechazado por todas las demás comunidades.

El sector de la comunidad de Tracrara anunció que iba a negociar por cuenta propia con Hudbay. Como parte de esa estrategia se ha empezado a amenazar con el bloqueo del puente Quero, con el fin de impedir el paso por una vía vecinal de cinco kilómetros que forma parte del Sistema Nacional de Carreteras del país. Vale destacar también que la mencionada vía vecinal también está considerada parte del Estudio de Impacto Ambiental que el Estado y las poblaciones aprobaron para proceder el desarrollo de la mina Constancia.

Los argumentos de Quispe Puma son los mismos que utilizan los sectores antimineros y quienes se dedican a extorsionar a las compañías, tal como lo establece la imputación fiscal a los hermanos Chávez en el caso de Las Bambas. Por ejemplo, se habla de la contaminación producida por el polvo del mineral, no obstante que los camiones transportan la producción en tolvas herméticamente encapsuladas.

Como se aprecia con absoluta claridad, el fracaso del Estado al redistribuir la riqueza minera, a través de la construcción de infraestructura para las poblaciones cercanas a los proyectos mineros, una vez más desata la conflictividad social. La falta de carreteras, escuelas y postas médicas posibilita, pues, que los sectores antimineros manipulen el descontento de las poblaciones.

De otro lado, ¿cómo es posible que empresas mineras de talla mundial discutan con las poblaciones sobre el uso de una vía para transportar el mineral? ¿Acaso el Estado no debería haber construido un sistema de ferrocarriles para llevar el mineral de las minas del Corredor Minero del Sur hacia el puerto de Matarani? ¿Hasta cuándo el fracaso del Estado?