¿Agonía o resurgimiento republicano?

El Perú parece una sociedad a punto de estallar, una semana después de las elecciones de la segunda vuelta. Los comicios, antes que unir, han dividido a los peruanos, y la sensación de una guerra civil sin balas se respira en el ambiente, mientras los cuestionamientos al proceso electoral se acumulan uno tras otro. Sin embargo, no obstante la polarización y la confrontación en desarrollo, solo nos resta señalar que es urgente mantener la serenidad, la firmeza y la decisión de denunciar cualquier acto o entidad que atente en contra del sagrado voto ciudadano.

Ayer empezaron los procesos ante la segunda instancia electoral; es decir, ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mediante sesiones públicas que deben ser observadas por toda la ciudadanía. La segunda instancia electoral se pone en movimiento luego de que la semana pasada las decisiones de los jurados electorales especiales y la información proveniente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) pretendían presentar la imagen de que todo estaba consumado y que solo restaba proclamar a un supuesto ganador.  En esta estrategia de acelerar los acontecimientos participaba el propio presidente interino, Francisco Sagasti, y todos los jerarcas bolivarianos de la región.

Sin embargo, la movilización ciudadana exigiendo la revisión de las actas impugnadas, observadas y con demandas de nulidad, nos han llevado a este momento en que está pendiente revisar los documentos que comprometen a medio millón de sufragios, cuando las diferencias entre Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular es apenas de décimas, es decir, cerca de 44,000 votos.

Al cierre de esta edición, incluso, la personera de Fuerza Popular, Milagros Takayama, había enviado un oficio a Piero Corvetto Salinas, jefe de la ONPE, solicitando la realización de una “Auditoría informática del proceso de digitalización de las Actas Electorales”.  En el documento enviado se formulaban preguntas como las siguientes: ¿Cuentan con un manual de calidad para la digitalización de las actas? ¿Nos podría hacer llegar su política de calidad del proceso de digitalización? ¿El control de documentos cuenta con un procedimiento documentado?

A estas alturas, por el alto número de actas observadas por la ONPE en los bolsones electorales urbanos de Fuerza Popular, en comparación con las actas observadas a Perú Libre en el área rural, no es exagerado sostener que este tipo de auditorías son más que urgentes y necesarias para llegar a la tan ansiada verdad electoral.

En cualquier caso, las instituciones republicanas que se han ido construyendo en las últimas dos décadas enfrentarán una prueba final en medio de una polarización sin precedentes en la sociedad. Un clima de confrontación que estalla en las calles, divide familias y desata actos de violencia en restaurantes y agresiones de ida y vuelta con los actores comprometidos. Una violencia que debe cesar, que debe evitarse. La intolerancia debe ser condenada venga de dónde venga.

En este contexto, las instituciones están en la obligación, según la Constitución y las mejores tradiciones de la República, de entender el tipo de conflicto y tensión que divide a los peruanos. Es un conflicto alrededor del derecho a la participación política, alrededor del respeto al sufragio, que no puede ser ensombrecido con argumentos administrativos. 

En la democracia peruana no estamos decidiendo un asunto de plazos, tasas o de la obligación de usar el viejo papel sellado. De ninguna manera. Se trata de decidir alrededor de derechos superiores; es decir, si el proceso electoral está respetando o no la voluntad popular. Allí reside la gran encrucijada que deberán resolver las instituciones.

Finalmente, en la manera cómo se resuelvan estos hechos estaremos decidiendo si sobrevive el actual proceso de construcción republicana o si nos enrumbamos en una de las noches más largas y autoritarias de nuestra historia. El motivo: Perú Libre ha propuesto el camino autoritario de la asamblea constituyente para concentrar el poder político –tal como ha sucedido en todo el eje bolivariano– y la ruta de la colectivización de la economía. Y ya sabemos que semejantes propuestas significan pobreza, muerte y persecución política.