¡Administración Castillo desorganiza y destruye el Perú en semanas!

El Perú comienza a vivir un cambio de régimen político y económico sin necesidad de que las minorías que llegaron al Ejecutivo hayan instalado una asamblea constituyente. 

El fin de semana, una turba –integrada por una minoría de cerca de 500 personas– ingresó al campamento de la minera aurífera Apumayo y perpetró actos vandálicos destruyendo los activos de la empresa, los vehículos y la planta de procesamiento. Los violentistas no eran de la zona de influencia minera. Se teme que los afluentes de agua cercanos a la operación se contaminen por la destrucción de la planta.

En Huarmey, otro piquete de violentistas destruyó una caseta vinculada a las actividades de la empresa Antamina. Se bloqueó temporalmente el embarque de 22,000 toneladas de cobre y zinc en una embarcación y de 11,000 toneladas de zinc en otra. Es decir, una de las diez minas más grandes del planeta afectada por la acción de una minoría violentista en momentos en que los precios de los minerales alcanzan niveles históricos.

Ante los acontecimientos la empresa Antamina suspendió operaciones. Lamentable.

De otro lado, en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se ha decidido volar por los aires el régimen macroeconómico y fiscal que todavía explica la fortaleza de la economía, no obstante los efectos destructivos del anuncio de la asamblea constituyente, de la nacionalización del gas y de la llamada segunda reforma agraria sin agroexportación.

Mediante decretos de urgencia, el MEF ha decidido dos incrementos presupuestales de S/ 2,900 millones de soles cada uno. Es decir, el Ejecutivo se autoriza a gastar de manera inconstitucional cerca de S/ 6,000 millones a cuenta de futuros ingresos. ¿Acaso hemos regresado a la década de los ochenta, cuando los gobiernos inventaban los gastos al margen de los ingresos? ¿No se tiene conciencia del déficit acumulado en el 2020? ¿Acaso el gasto es para inversión que incremente la productividad de la economía? No, ¡es para bonos y programas sociales! Es decir, se trata de gastos para las próximas elecciones regionales.

De otro lado, el ministro de Educación, Carlos Gallardo, ha anunciado que ya se terminó la ley de carrera magisterial y que ahora la estabilidad de los maestros es un valor más importante que el futuro de los niños pobres que estudian en las escuelas públicas. Para el señor Gallardo la escuela pública peruana no es una de las peores del continente porque solo le interesa convertir al magisterio en una fuerza política y social que adoctrine a las nuevas generaciones y apuntale el proceso de una asamblea constituyente.

Si sumamos todos estos hechos acumulados en las últimas horas es incuestionable que el Perú ya atraviesa “un momento revolucionario”, sin necesidad de haber instalado una asamblea constituyente. Y lo peor de todo es que todos estos hechos y todas estas medidas ministeriales se hacen en contra de la Constitución y la ley. Por ejemplo, ¿pueden determinadas minorías destruir la propiedad privada de las empresas? La Constitución y las leyes resguardan la propiedad privada y la salud de ciudadanos y empresas. ¿Qué dicen las instituciones encargadas de defender estos derechos?

¿Puede un ministerio incrementar el presupuesto, a través de decretos de urgencia ante sí y por sí, como si estuviésemos en una dictadura chavista o en una monarquía absoluta? ¿Puede un ministro anunciar que la Ley de Carrera Magisterial no va, a pesar de que no se ha reformado ni derogado la ley que consagra la carrera magisterial?

La administración Castillo comienza a destruir la autoridad del Estado con sus anuncios de nacionalizaciones que alientan el enfrentamiento con las empresas y los ministros creen que pueden gobernar como en Venezuela. En otras palabras, ya no hay contrapesos. El Congreso parece haber abandonado la defensa de la Constitución y las libertades.