Adelanto general, solución para República entrampada

Pedro Olaechea, presidente del Congreso de la República, le propuso ayer a Martín Vizcarra que renuncie para convocar elecciones adelantadas para el Ejecutivo y el Legislativo. La propuesta del titular del Congreso suena prudente y apropiada ante el entrampamiento general de las instituciones, luego de que Martín Vizcarra se convirtiera en un presidente de facto; es decir, después de disolver el Congreso sin acuerdo del Consejo de Ministros y sin que mediera el decreto correspondiente. Y luego también de desarrollar una versión antojadiza sobre la cuestión de confianza, señalando que esta había sido denegada, no obstante que se encontraba en pleno proceso de votación.

A medida que pasan las horas, se va demostrando que las razones de Vizcarra para disolver el Congreso son absolutamente inconstitucionales y que solo pueden funcionar en las administraciones de facto, en las democracias plebiscitarias y en los gobiernos autoritarios. Si bien Vizcarra cuenta hoy con el apoyo de las FF.AA. y amplios sectores de la población, en el siglo XXI las repúblicas tiene que responder a un ordenamiento institucional que se basa en el respeto irrestricto de sus constituciones. Y hoy es más que evidente que el señor Vizcarra ha violado y hecho trizas la Constitución de la República.

Esa es la explicación de que, por ejemplo, no haya podido organizar hasta hoy un gabinete ministerial luego del virtual golpe de Estado. Se conoce, por diversos trascendidos, que las personalidades consultadas para formar parte del Consejo de Ministros no aceptan porque, de una u otra manera, una decisión de este tipo sería embarcarse en una aventura que más tarde podría tener consecuencias penales graves. Ni siquiera los más reconocidos políticos antifujimoristas, ni los más cercanos al nadinismo, han aceptado.

El señor Vicente Zeballos, autoproclamado presidente del Consejo de Ministros, ha anunciado que hoy, 3 de octubre, juramentará el nuevo Gabinete. La fecha es realmente estremecedora, considerando que el 3 de octubre de 1968 es una fecha aciaga para la República porque el general Juan Velasco Alvarado dio un golpe de Estado que no solamente derrumbó las instituciones democráticas sino que desarrolló uno de los colectivismos más agresivos y sumergió al Perú en la pobreza y la miseria, de las que solo pudimos salir con las reformas económicas de los noventa. ¿Es casualidad que el señor Zeballos haya anunciado la juramentación del supuesto nuevo Gabinete este 3 de octubre?

En cualquier caso, el entrampamiento de la República obliga a seguirse aferrando, cueste lo que cueste, a lo establecido en la Constitución Política del Perú. Martín Vizcarra se ha convertido en un presidente de facto al disolver el Congreso de manera autocrática. Luego de que el Legislativo lo suspendiera en la función de presidente y designara a la señora Aráoz como encargada, y después también de que la señora Aráoz renunciara a la presidencia de la República, el único camino para solucionar el entrampamiento institucional del país es que Vizcarra dé un paso al costado y Pedro Olaechea, en su calidad de presidente del Congreso, convoque a elecciones generales para la Presidencia de la República y el Congreso de la República. Tal como están las cosas, ¿quién puede oponerse a esta salida? ¿Acaso el propio Vizcarra no propuso el adelanto general de elecciones para el Ejecutivo y el Legislativo? ¿Acaso esa iniciativa no fue el gran caballito de batalla que siguió polarizando y enfrentando a los peruanos luego del mensaje presidencial del 28 de julio?

Bueno pues, tenemos la posibilidad de resolver esta crisis en cuatro meses. Si Vizcarra da el paso al costado, si asume una actitud patriótica y responsable con la República, el presidente del Congreso estaría en condiciones de liderar un proceso de recuperación institucional a través de las elecciones generales. Si Vizcarra no da ese paso al costado, quedará demostrado con absoluta claridad que esta guerra que desarrolló contra el Legislativo solo tenía como objetivo controlar las instituciones y perpetuarse en el poder.

En cualquier caso, la confrontación institucional continúa. Y la Organización de Estados Americanos ha señalado que el Tribunal Constitucional es el organismo competente para resolver este virtual choque de poderes, tal como lo señala la Carta Política del Perú.