Adelante con Tía María

La detención de los dirigentes de construcción civil, vinculados a la Federación de Trabajadores de Arequipa (FDTA), fue interpretada en la Ciudad Blanca como una posibilidad de que el Estado restaure el orden público, amenazado por minorías radicales que pretenden paralizar el proyecto de cobre Tía María. Los mencionados dirigentes son acusados de extorsionar, mediante cupos, a diversas empresas constructoras. 

En el valle de Tambo –en donde se emplaza Tía María– la mayoría de la población no participa de las acciones violentistas de los antimineros. Sin embargo, pequeños piquetes de activistas bloquean las vías y han empezado a cobrar cupos a los transportistas. Si el Estado asumiera la misma conducta ejercida contra la supuesta extorsión en Arequipa, entonces, el orden y la paz se restablecerían por completo en el valle de Tambo.

La continuidad del proyecto Tía María en Arequipa no solo es la continuidad de una inversión de US$ 2,400 millones para producir 120,000 toneladas de cobre –que agregarán 0.4% al PBI–, sino sobre todo es una clara señal de que el Estado defiende a la Constitución y las leyes, y que garantiza el desarrollo de las principales minas del sur del Perú. Si el Estado fracasa en restablecer el orden en el llamado Corredor Vial del Sur –en donde se emplazan las minas Cerro Verde, Las Bambas, Antapaccay y Constancia, entre otras, que producen más del 50% del cobre nacional– entonces no solo fracasará la administración Vizcarra, sino que todo el modelo económico se convertirá en una interrogante.

No nos cansaremos de repetirlo. La viabilidad de Tía María representa la viabilidad de toda la minería del sur, en donde se ubica el 70% de la cartera de inversiones mineras del país, que suma más de US$ 62,000 millones. Por ejemplo, la antipropaganda del radicalismo contra Tía María, inmediatamente ha levantado la anticampaña contra el proyecto Zafranal en la propia Arequipa. Cuando las campañas de desinformación prosperan, cuando el radicalismo bloquea las decisiones de las instituciones del Estado que intentan preservar el orden público y el imperio de la Constitución, el extremismo radical se multiplica y legitimiza sus actos violentos.

Considerando que los cuestionamientos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Tía María han sido absueltos y que incluso el proyecto utilizará agua de mar, es difícil entender que existan sectores que se oponen a inversiones que no solo beneficiarán a los agricultores del valle de Tambo sino a toda la región arequipeña. Se calcula, por ejemplo, que el proyecto generará S/ 5,600 millones para el Estado por conceptos de canon y regalías.  Vale señalar que con ese monto se podrían construir siete hospitales, 17 centros de salud, 183 colegios, 300 kilómetros de vías asfaltadas o 200 kilómetros de redes de agua potable. Asimismo, cada año, Arequipa recibiría S/ 273.4 millones por canon y regalías, y la provincia de Islay más de S/ 100 millones. 

Si el Perú estuviese ejecutando toda su cartera de proyectos de cobre crecería por encima del promedio mundial. Según algunos especialistas sería relativamente sencillo conseguir 5% de expansión anual en promedio y reducir la pobreza por debajo del 15% de la población. Sin embargo, el país tiene paralizado cerca de US$ 10,000 millones en inversiones solo en el cinturón minero del norte (Conga, Galeno, La Granja, Michiquillay) y deja de producir alrededor de un millón de toneladas de cobre. Un verdadero crimen social en un país con 20% de población en pobreza.