A consolidar y reconocer a los Comités de Autodefensa

Las organizaciones no gubernamentales de izquierda han disparado su artillería contra la Ley N°5424, aprobada el pasado 22 de abril por la mayoría en el Congreso, que “reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural y los incorpora al Sistema de Seguridad Ciudadana”. El propósito estricto de esta ley es reconocer lo que ya existe y, sobre todo, que las CAD se supediten a la Constitución y las leyes nacionales, y no actúen de forma paralela del Estado

La izquierda y algunas oenegés, con el fin de liquidar esta ley, empiezan a desarrollar la idea equivocada que la referida normativa busca fomentar la conformación de los CAD “como un organismo paralelo a las comunidades para impedir las protestas sociales y, de ser el caso, reprimir las manifestaciones, fomentar la violencia e incrementar la represión en zonas en conflicto socio ambiental, como en los casos del Corredor Minero del Sur, y en otras regiones mineras del país”.

No obstante que la izquierda promueve, por ejemplo, el reconocimiento de las rondas campesinas, cuyos operadores tienen presencia y liderazgo, en este caso plantean lo contrario por una clara razón ideológica: a fines de los ochenta, el Estado y las Fuerzas Armadas comenzaron a entender la enorme importancia de los comités de autodefensa civil como legítimos protagonistas de sus comunidades para defenderse contra la insania terrorista. El resultado fue devastador para los movimientos terroristas, porque se desató la movilización campesina más impresionante de nuestra historia, y todas las bases del senderismo en el campo, simplemente, fueron demolidas.

Ahora, es evidente que los Comités de Autodefensas se formaron durante el gobierno de Alberto Fujimori. Por ese motivo, la izquierda ha desarrollado el relato acerca de que en el Gobierno de los noventa hubo una política de Estado de “violación sistemática de Derechos Humanos”, y no casos aislados. Plantear semejante tesis obliga a convertir a nuestros campesinos en simples víctimas y negarles su condición de héroes nacionales en la pacificación

La diferencia entre esta ley que reconoce la existencia de los comités de autodefensa y otras leyes –como la enmarañada normativa sobre las rondas campesinas (artículo constitucional 145)–, es que esta ley se incorpora, reconoce y tutela los CAD dentro del sistema de seguridad ciudadana y no al revés. Es decir, no promueve instituciones paralelas al sistema constitucional y legal de la seguridad ciudadana. 

Vale añadir que, por ejemplo, hoy las rondas funcionan como un aparato de seguridad paralelo al de la Policía Nacional y el Estado democrático. Las organizaciones ronderas, supuestamente, se subordinan a las comunidades campesinas; pero en la práctica, asumen funciones por encima de los fiscales, los jueces, la policía y demás autoridades del Estado.

Si la política contra el senderismo fue exitosa es justamente porque los comités de autodefensa se batieron contra el terrorismo, y hoy sus herederos no solo están orgullosos, sino además se reclaman como protagonistas de la estrategia de pacificación. La izquierda comienza una campaña feroz en contra de la norma que reconoce a los comités de autodefensa; pero, en la práctica, se niega a reconocer el enorme papel del campesinado en la lucha contra el senderismo en el campo durante los aterradores años ochenta.