2022: ¡El año de la resistencia a la destrucción nacional!

El Gobierno de Pedro Castillo ha sido una suma de errores, ineficiencias y escándalos. Sin embargo, algo en lo que ha sido coherente y eficaz es en detener tres décadas de crecimiento y proceso de reducción de pobreza. Al César lo que es del César, como se dice. Los anuncios de la asamblea constituyente, la nacionalización del gas y los recursos naturales, según diversas proyecciones económicas, desplomarán la inversión privada hasta en 20 puntos en el 2022.

El próximo año, entonces, a pesar de los récords históricos de los altos precios de los minerales, el crecimiento no posibilitará reducir la pobreza en el país. Se necesita por lo menos crecer sobre 3% para reducir este flagelo. Eso no parece posible. Los economistas sostienen que, sin nuevas inversiones, el país debería crecer por encima del 6%, pero el desplome de la inversión privada será tan dramático que si llegamos a expandir la economía en 3% estaremos ante un milagro.

El 2021 entonces ha sido el año de la destrucción nacional, casi igual como si una fuerza de invasión externa estuviera arrasando con los activos nacionales. Las Bambas, una de las diez megaminas más grandes del planeta, acumula más de 400 días de paralizaciones –desde el inicio de las operaciones– y ha dejado de producir alrededor de 100,000 toneladas métricas de cobre (TMC) por la acción de minorías radicales. Sin embargo, el Ejecutivo se resiste a decretar el estado de emergencia, tal como lo establece la Constitución, las leyes y el respeto a los contratos.

Las referencias a “fuerzas de invasión externa” o “plagas bíblicas” para describir la acción destructiva de los pocos meses de gestión de Pedro Castillo, quizá sean insuficientes para revelar el dramatismo de la situación. Sin embargo, no basta el diagnóstico ni la denuncia. La mayoría de peruanos, el Congreso y los partidos políticos que defienden la Constitución y las leyes, en el próximo año deben ser capaces de resistir a la ofensiva destructiva de las corrientes comunistas que, utilizando la palabra pueblo o lemas como “siempre con el pueblo”, suelen destruir sociedades, estados y países.

En primer lugar, debemos evitar que el Gobierno de Castillo siga destruyendo la economía, ahuyentando a la inversión privada, fomentando la fuga de capitales, promoviendo la subida del dólar, con el objeto de que quiebre el sector privado, aumente la pobreza y todos los peruanos nos volvamos un poco más pobres. El objetivo de esta destrucción: crear desesperanza social para culpar al “modelo neoliberal”, al régimen económico de la Constitución, e intentar legitimar una asamblea constituyente.

El Congreso tiene una enorme responsabilidad: aprobar leyes que eviten la farra fiscal y el aumento de la deuda pública (como pretende el MEF), aprobar normas que relancen la minería, las agroexportaciones y las inversiones en infraestructuras, y desregular el Estado, simplificando los procedimientos para enfrentar a la informalidad.

Por otro lado, el Congreso tiene también la responsabilidad de detener el deterioro general de las instituciones. Por ejemplo, no puede postergar hasta las calendas griegas la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, que ejercen funciones con los plazos vencidos por más de un año.

Y la sociedad y los ciudadanos deben continuar con el incesante proceso de organización y movilización en defensa de la Constitución y las libertades. E igualmente los intelectuales deben convertir el próximo año en el año de una inédita guerra cultural para recuperar los sentidos comunes a favor del sistema republicano y la economía de mercado. 

En síntesis, la mayoría de peruanos debemos resistir el proceso de destrucción que desarrolla la administración Castillo. Si la mayoría de peruanos, los partidos democráticos, el Congreso y la sociedad asumen su papel, el mundo será notificado: es verdad que en el Perú hay un Gobierno influenciado por las corrientes comunistas, colectivistas y progresistas en contra de la libertad y la inversión; sin embargo, el sistema republicano y las instituciones que contrapesan al poder central continúan rigiéndose por la Constitución Política del Perú.