Editorial Política

2020: Equilibrio de poderes y crecimiento

El futuro de las instituciones republicanas en juego

2020: Equilibrio de poderes y crecimiento
  • 01 de enero del 2020


Más allá de la discusión sobre la inconstitucionalidad del cierre del Congreso –en este portal creemos que este hecho violó abiertamente la Constitución– todos los peruanos deberíamos unirnos alrededor del objetivo de restablecer el equilibrio de poderes entre las instituciones de la República. Recuperar el equilibrio de poderes no solo tiene que ver con una de las condiciones básicas de la existencia de las repúblicas, sino también con el objetivo de evitar el estallido social que promueven las corrientes comunistas y colectivistas en la región.

Sin equilibrio de poderes el propio Ejecutivo seguirá debilitándose, con el riesgo de arrastrar al descalabro al resto de instituciones republicanas y entregar al Perú a un estallido social que puede desembocar en una nueva asamblea constituyente. Semanas atrás, en Chile nadie creía en este escenario. Hoy ha sucedido.

Sin equilibrio de poderes el desgaste del Ejecutivo podría hundir a la República. Con un Congreso instalado y el desarrollo de una nueva oposición, el deterioro del Gobierno permitiría el surgimiento de una alternativa democrática en el 2021. Incluso podría darse el caso de que el Ejecutivo vuelva asumir sus abandonadas responsabilidades en el crecimiento, la seguridad ciudadana, la reconstrucción del norte –entre otras– mientras el Congreso se focalizaría en nombrar a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional y desarrollar las reformas institucionales, económicas y sociales que relancen al país en el próximo quinquenio.

Cualquiera sea el ángulo de análisis, pues, el futuro de la construcción republicana demanda, obliga, a restablecer el equilibrio de poderes. Allí reside la principal responsabilidad del próximo Legislativo. Un camino diferente sería allanarse a un Ejecutivo en franca retirada y poner el país al borde de un abismo.

De otro lado, recuperar el equilibrio de poderes, no solo “normalizará la vida constitucional del Ejecutivo”, también enviará poderosas señales a la economía, a los mercados y a los actores del proceso económico, con objeto de recuperar los procesos de crecimiento y de reducción de pobreza. Una “república normalizada” es la mejor señal para las inversiones, que requieren predictibilidad y largo plazo para madurar.

Hoy el Perú comienza a estancarse con crecimientos que apenas superan el 2% del PBI –por debajo del promedio de expansión mundial– y que son insuficientes para seguir reduciendo pobreza. En otras palabras, la lentificación de la economía aumentará la pobreza y reducirá el bienestar alcanzado por las clases medias precarias. En un contexto de este tipo, la impaciencia social aumentará y la ciudadanía podría escuchar los discursos populistas del colectivismo, que enfilan contra “el modelo neoliberal” y proponen convocar a una constituyente para redactar una constitución anticapitalista.

Con el restablecimiento del equilibrio de poderes, entonces, el Ejecutivo y el Legislativo compartirán las responsabilidades en el desarrollo de reformas económicas y sociales que relancen el crecimiento. Por ejemplo, el Ejecutivo acaba de promulgar, mediante decreto de urgencia, la ampliación de la vigencia de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) hasta el 2031, que aprobó el Legislativo antes de su clausura. Si bien el Ejecutivo merece una felicitación por esta medida, es evidente que con un Congreso instalado el Gobierno habría tenido no solo más espalda política para la promulgación, sino también para profundizar reformas en el área laboral.

Y el mismo criterio vale para todas las reformas estancadas por excesos de sobrerregulaciones o precisiones legales. Por ejemplo, el caso de la modalidad de inversión mediante las asociaciones público-privadas y las obras por impuestos para proyectos de infraestructura es un caso que merece atención urgente. 

Recuperar el equilibrio de poderes igualmente reforzará la autoridad del Estado para hacer respetar la Constitución y la ley en las zonas mineras, donde los radicalismos colectivistas buscan paralizar o bloquear inversiones en minería. De alguna manera, pues, recuperar el equilibrio de poderes y relanzar el crecimiento, al menos por ahora, parecen ser las dos caras de una misma moneda.

  • 01 de enero del 2020

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