2019, ¿año de polarización con momento constituyente?

En el 2018 el presidente Martín Vizcarra no utilizó su soberbio triunfo en el referéndum para organizar un nuevo momento político e institucional a favor de las convergencias y reformas, sino que su objetivo principal fue acrecentar su popularidad, liderando la indignación ciudadana contra “la corrupción”, a través de la derrota y el castigo a la mayoría legislativa.

El resultado es incuestionable: hoy en el Perú se ha sancionado la no reelección de los congresistas y se ha descartado la bicameralidad. Es decir, el sistema político de la Carta Política de 1993 en vez de reformarse ha sido bastardeado por un criterio cortoplacista. Está de más abundar en detalles. En este contexto, el Perú ha perdido un momento único en su historia para abordar la tan ansiada reforma política e institucional que señalan todos los círculos académicos e especializados. La reforma del sistema judicial es un asunto por verse, debido a la extrema polaridad.

Sin embargo, junto a la voluntad de reformar “la Constitución” el jefe de Estado no parece interesado en utilizar su popularidad para promover las urgentes reformas de segunda generación que necesita el Perú para volver a crecer a tasas altas y seguir reduciendo pobreza: reforma laboral, ampliación de vigencia de la Ley de Promoción Agraria, relanzamiento de las inversiones en infraestructuras (a través de asociaciones público privadas y obras por impuestos), focalización de la reforma educativa en la meritocracia, impulso a la reforma sanitaria, entre otros.

El presidente Vizcarra y el grupo de asesores marxistas que lo rodean parecen más bien interesados en promover “las reformas institucionales” que posibiliten popularidad y control. Por ejemplo, la extraña idea de una Comisión de Notables —debería llamarse “notables de la izquierda#, y punto—, entre otros temas, busca legislar sobre la inmunidad parlamentaria. Debatir un asunto de este tipo en medio de la actual polarización no solo es un problema para el equilibrio de poderes, sino que se convierte en un nuevo caballito de batalla en contra del Congreso. Al igual que lo fue, por ejemplo, la no reelección congresal.

La obsesión del Ejecutivo por dar la ley de desarrollo constitucional sobre la Junta Nacional de Justicia —que nombrará y sancionará a jueces y fiscales— también expresa esa voluntad por controlar instituciones. Sobre todo si consideramos la descabellada idea de la igualdad de género en la mencionada Junta, una propuesta que hace volar por los aires cualquier concepto de meritocracia, fundamental en la selección de los futuros magistrados. Como se ve, popularidad y control parecen ser el programa.

Un Ejecutivo y un jefe de Estado embarcados en esta estrategia nunca tendrán el tiempo suficiente para abordar los problemas de la reconstrucción, de la amenaza del desborde criminal, del relanzamiento de la inversión pública para sostener el crecimiento, del flagelo de la anemia y de otras tareas vinculadas a la gobernabilidad inmediata.

El escenario de un Gobierno que no gobierna, pero empeñado en convertirse en el gran legislador, inevitablemente creará un círculo vicioso que enturbiará la democracia y las debilitadas instituciones. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, la distancia de los problemas del Gobierno, tarde o temprano afectará la popularidad presidencial. Ante un escenario de ese tipo, el presidente Vizcarra pisará el acelerador del “presidente legislador” y buscará escribir otro capítulo de la guerra Ejecutivo y Legislativo, en una espiral interminable hasta el 2021. ¿Cuál será el desenlace? Nadie lo sabe.

Sin embargo, podría existir otro escenario, lejano pero posible. El presidente Vizcarra podría utilizar su popularidad para plantear una agenda de reformas que unifique al país y a las instituciones, más allá de las encuestas de Ipsos, que suelen registrar una mayoría a punto de asaltar el poder contra “la minoría fujiaprista”.

Y una agenda de reformas debería ser consultada con todos los sectores del país —académicos, constitucionalistas, partidos, gremios empresariales, entre otros— y no solo con los amigos notables del grupo de marxistas que rodea a Vizcarra. Si las cosas fuesen así, el presidente Vizcarra se convertiría en el primer jefe de Estado en superar la envilecedora polarización que nos destruye desde hace dos décadas. El país se lo agradecería y en el 2026 tendría enormes posibilidades.