Sectores del Congreso en contra de meritocracia educativa

El Perú volverá a perder una nueva oportunidad de engancharse en las grandes tendencias en la economía y la geopolítica mundiales –algo absolutamente posible por su ubicación geográfica y dotación de recursos naturales– si no desarrolla una reforma integral de su sistema educativo. Los proyectos alrededor del megapuerto de Chancay y el del Puerto Espacial en Piura con la NASA de los Estados Unidos no se convertirán en fuente de prosperidad para todos los peruanos si es que no se profundiza en la reforma de la educación.

Una de las claves de la reforma de la educación es la consolidación de la Carrera Pública Magisterial (CPM) en base a la meritocracia, una política de Estado que, con marchas y contramarchas, se implementa desde dos décadas atrás por más de seis administraciones. El gobierno de Pedro Castillo pretendió desmontar la CPM, pero la resistencia de la sociedad y las instituciones lo evitó. 

Sin embargo, en el Congreso, paradójicamente, de una u otra manera, se pretende implementar las propuestas de Castillo, que pasan por priorizar las demandas sindicales de los docentes –sobre todo el de la estabilidad laboral– en detrimento de los niños, particularmente los de menos de recursos que dependen de la calidad de los docentes en la escuela pública.

En este contexto, el presidente del Consejo Nacional de Educación, Luis Lescano, se acaba de pronunciar en contra de un reciente dictamen del Congreso que establece que los docentes que no alcanzaron vacante en un primer concurso de ingreso a la Carrera Pública Magisterial (CPM) podrían ocupar una vacante automáticamente en la siguiente selección. Lescano agregó que el dictamen señalado destruye la CPM porque, como se sabe, cada concurso es definitivo y cancelatorio.

El presidente del CNE señaló que el Congreso no puede interferir en una política de Estado alrededor de la meritocracia docente y tampoco puede violentar las facultades del Ministerio de Educación (Minedu) en el tema.

Las intenciones de algunos sectores del Congreso de priorizar la base social sindical, en vez del interés de los niños de menores recursos de las escuelas estatales, representan una verdadera bomba nuclear en contra de la CPM, en momentos en que se está a punto de lograr que cuatro quintas partes del magisterio nacional forme parte de la carrera meritocrática, es decir maestros nombrados mediante concursos y promovidos a través de la evaluación de méritos. Y, por lo tanto, docentes que reciben salarios de acuerdo a su clasificación en la CPM.

Vale señalar que en la actualidad está por culminar el concurso para 50,000 plazas presupuestadas porque el 24 pasado ya se realizó la prueba clasificatoria. Se sabe que se han clasificado 65,000 maestros que deberán pelear el número de plazas establecido. Luego de este proceso, del total de 450,000 maestros del magisterio nacional más del 80% pertenecería a la Carrera Pública Magisterial.

Es evidente que las fuerzas de izquierda antisistema en el Congreso, en medio de la fragmentación y de las alianzas desarrolladas para modificar el control de las instituciones controladas por el progresismo –elección de nuevos miembros del TC y la JNJ– están utilizando esta situación para hacer pasar su agenda en contra de la reforma meritocrática de la educación. De esta manera en cuanto a educación, las propuestas de Castillo parecen implementarse.

Ante semejante estado de cosas, las bancadas de la centro derecha en el Legislativo deben reaccionar y entender que los enemigos de la Constitución de 1993, de la democracia y la economía de mercado, necesitan evitar una reforma integral de la educación que nos impulse al desarrollo. Desde las izquierdas se trata de priorizar la plataforma sindical, la estrategia de poder, sobre el futuro de los niños más pobres de la sociedad.