Regiones se niegan a descontar a “docentes violentistas”

Retroceden ante sectores del magisterio que paralizan clases

Los gobiernos regionales del sur del Perú le han dado la espalda a la reforma meritocrática de la educación, al negarse a descontar a los profesores que continúan con un paro que no tiene mayor sustento que el interés político e ideológico. Hoy alrededor de un millón de estudiantes a nivel nacional son perjudicados con las medidas extremistas de grupos que —en el interior de gremio magisterial— apoyan abiertamente a Sendero Luminoso. Y en algunas regiones, como el Cusco, se podría perder al año escolar.

La decisión de las autoridades en regiones como Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua o Madre de Dios es una afrenta a la reforma meritocrática en la educación pública peruana, y un desacato al Ejecutivo. En el Cusco, el gobernador regional Edwin Licona declaró que le pagarán a los maestros en paro los meses de junio y julio, así como los aguinaldos de fiestas. En Puno, los consejeros regionales han declarado “legal” la huelga de maestros; y las autoridades de Arequipa, Moquegua, Madre de Dios y Apurímac, acordaron que no habrá descuentos a los maestros en huelga. Todo nos indica que esa batalla larga —iniciada más de una década atrás— para instalar la meritocracia en la educación pública está perdida, y que los sectores radicalizado están ganando la partida. Pero además, este retroceso demuestra el evidente fracaso de la regionalización: las regiones están haciendo volar una política estatal promeritocracia docente.

¿Pueden las regiones asumir semejantes decisiones? Según la Ley Orgánica de Gobierno Regionales (Ley N° 27867) estos niveles de gobierno tienen competencia compartida con el Ministerio de Educación (Minedu) en los asuntos del sistema educativo. La ley faculta a los gobiernos regionales a la “gestión de los servicios educativos de nivel inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria”. Desde el Minedu se dictan las grandes políticas nacionales en materia educativa, que son aplicada e implementadas por las Direcciones Regionales de Educación (DRE) de cada región. Dentro de las competencias de las DRE también está la administración y uso de los presupuestos.

Bajo esta normativa los gobiernos regionales han considerado que pueden contravenir una política nacional a favor de la meritocracia. Y por no hacerse problemas con el violentismo extremistas, consideran que pueden autorizar pagar a “docentes” que ponen en peligro el año escolar de miles de alumnos, que participan del bloqueo de las principales minas del país y que comienzan a afectar la industria turística de la región sureña.

El premio a la mediocridad es evidente. Por ejemplo, en el Cusco —según la prueba ECE realizada por el Minedu en el 2016—, los alumnos de cuarto grado de primaria solo alcanzan 29% y 25.9% de nivel satisfactorio en lectura y matemáticas respectivamente; mientras que el nivel satisfactorio para los alumnos de segundo de media solo representa un 10.4% y 10% de estudiantes en lectura y matemáticas, respectivamente. En Puno la situación es similar y en Madre de Dios solo el 5.4% de estudiantes de segundo año de primaria puedes resolver un problema matemático. ¿No estamos ante un desastre clamoroso en el nivel docente?

Los gobiernos regionales están cayendo en el juego del radicalismo marxista, que desde hace décadas ahoga la meritocracia y que hoy gobierna ciertos sectores dentro del SUTEP. No es solo el sector del SUTEP que está ligado a Patria Roja el que le pone trabas a la meritocracia docente, sino que hay organizaciones como el Conare o a Puka Llacta —pro Sendero Luminoso— que han asumido una posición extrema y hasta el momento están logrando sus objetivos.

En la región Cusco, donde empezó el paro hace más de un mes, las negociaciones siguen interrumpidas y además hay una división entre el sector de Ernesto Meza Tica y el de Ruth Baez, está última apoyada por extremistas marxistas. ¿Con quién negociar? En otras doce regiones, donde el Conare senderista tiene influencia decisiva, tampoco se ven acuerdos en el corto plazo. Debemos añadir que además de afectar severamente a la educación pública, el paro radical de profesores mantiene en zozobra otros sectores de vital importancia para las venas económicas del país, como son el turismo (se han tomado las vías de acceso a Machu Picchu) y la minería moderna (bloqueado el Corredor Minero del Sur)

Los gobiernos regionales retroceden y el Ejecutivo y el Congreso deben reaccionar con prontitud. ¿Qué se ha hecho mal? La educación pública no puede estar en manos de autoridades y funcionarios cuya lógica no pase por poner por delante la calidad. Quizá está experiencia sea la mejor demostración del fracaso de la regionalización, y haya llegado la hora de recentralizar competencias.