Editorial Educación

Radicalismo magisterial anuncia huelga de profesores

Embestidas contra la meritocracia en la escuela pública

Radicalismo magisterial anuncia huelga de profesores
  • 15 de octubre del 2018

 

El sector del magisterio liderado desde el Cusco por el profesor Ernesto Meza Tica ha vuelto a anunciar una huelga nacional. Esta vez el paro se iniciaría el próximo 17 de octubre, después de que se reúna la mesa técnica organizada por el Ministerio de Educación (Minedu) para abordar las demandas de aumentos salariales de los profesores. La huelga será nuevamente motivo para que el radicalismo exija la derogatoria de la Ley de Reforma Magisterial (Ley Nº 29944) y el final de la meritocracia en la escuela pública. El inicio de la huelga de los docentes coincide con un paro “preventivo” nacional, de 48 horas, convocado por la Federación de Trabajadores Administrativos del sector Educación (Fentase) y todos los sectores vinculados a la administración pública.

Según el profesor Meza, la dirigencia que lo acompaña decidió postergar la huelga del pasado 17 de septiembre, una paralización que pasó inadvertida por la casi nula respuesta de los profesores. La “tregua”, según el sector de los profesores provincianos, es para permitir que las autoridades del Minedu evalúen —de acuerdo a los índices Latinoamericanos— las propuestas salariales presentadas. Una de las propuestas, tomando como ejemplo a México, establece un piso salarial de S/ 2,600 hasta el 2021; la otra, tomada de la experiencia chilena, considera que los maestros de la primera escala magisterial deben recibir por lo menos S/ 2,800, también hasta el 2021; mientras que una tercera propuesta eleva ese monto a S/ 3,180.

Vale recordar que las tres facciones de las dirigencias sindicales —CEN SUTE, liderado por Patria Roja; y los SUTE-Regionales, uno liderado por el profesor Meza, de tendencia pukallacta, y el otro liderado por el profesor Pedro Castillo, vinculado al Movadef de Sendero Luminoso— rechazaron la propuesta del presidente Martín Vizcarra, de aumentar el piso salarial en S/ 200 hasta diciembre del 2019. Los profesores manifestaron que la oferta de Vizcarra no era el resultado de un estudio técnico y que no responde a la realidad actual.

Según Vizcarra, el actual piso salarial, de S/ 2,000, deberá ser de S/ 2,200 al final del próximo año. El aumento, anunciado de manera sorpresiva (para aumentar la popularidad del presidente), no guarda ninguna relación con la política meritocrática que el Ejecutivo debe impulsar en las instituciones educativas públicas. Siguiendo las políticas enmarcadas en la Ley General de Educación (Ley N° 28044) y la Ley de Reforma Magisterial, la meritocracia considera los resultados obtenidos en los programas de capacitación —de docentes y autoridades educativas— y los concursos de ascenso para las escalas magisteriales y especialistas en educación. Es la única manera de ofrecer una buena educación en la escuela pública: priorizando el mérito, con la consecuente promoción laboral y sus respectivos incentivos económicos.

Es inadmisible desarrollar una huelga nacional magisterial a pocas semanas de concluir el presente año escolar, justo cuando los docentes y estudiantes están ocupados intentando cumplir con todo lo establecido en el currículo de cada curso. La huelga realizada el año pasado por unos 230,000 profesores casi le hace perder el año a los escolares. Después de la huelga, para evitar los descuentos salariales, los profesores se comprometieron a completar los días sábados las horas perdidas por la huelga. Sin embargo, no fue así. Ahora, para disculparse, algunos profesores dicen que acudirán a clases en sus horas libres. Y nos preguntamos si esas horas libres serán las mismas de los escolares.

La huelga del año pasado sirvió para catapultar al extremismo izquierdista dentro de la dirigencia magisterial. El profesor Pedro Castillo organizó un comité de lucha de bases regionales para radicalizar la huelga. Por indicaciones del Movadef de Sendero Luminoso (un vínculo probado por las autoridades), el profesor Castillo exige la derogatoria de la Ley General de Educación y de la Ley de Reforma Magisterial. Es decir, se opone a mejorar la educación de la mayoría de los estudiantes del país.

 

  • 15 de octubre del 2018

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